La máquina de ADN que lleva 10 años sin resolver crímenes en la Comunitat

El tema viene de lejos. «Valencia hará en un año sus pruebas de ADN y dejará de enviarlas a Barcelona», rezaba ya en 2012 un titular de este periódico, tomando como referencia el anuncio hecho por la Conselleria de Justicia. Ya entonces la antigüedad de Genética Life, el nombre del dispositivo encargado de esta labor, hacía imposible que se pudiera llevar a cabo su mantenimiento y, por tanto, que contara con la certificación necesaria para realizar las pruebas.

Por parte de la administración autonómica se produjo la inversión necesaria, pero por cuestiones administrativas no concretadas ayer por la conselleria, la máquina sigue sin funcionar. Y ya va para una década esta situación, que retrasa la consecución de pruebas de ADN en casos criminales.

Las muestras se tienen que enviar a Barcelona y eso conlleva que los plazos se dilaten. Antes de 2012, cuando los análisis podían realizarse en Valencia, se tardaba una media de dos meses en obtener los resultados. Con el forzoso envío a Barcelona se han llegado a producir tardanzas de entre cinco y seis meses, tal y como indican fuentes forenses consultadas por LAS PROVINCIAS.

El analizador genético valenciano sí está operativo para análisis de asuntos civiles: las pruebas de ADN de paternidad. Son sus capacidades para las investigaciones criminalísticas las que permanecen en hibernación hasta que no llegue esa anhelada certificación. La inutilidad del instrumento para este cometido se remonta a 2012, tras la entrada en vigor de la Ley de Bases Genéticas de Uso Forense. Hacía falta una modernización de componentes y una certificación posterior para que sus resultados gozaran de la adecuada validez legal.

Así, pese a quedarse legalmente inútil para cotejos criminalísticos, siguió empleándose en asuntos civiles de pruebas de parentesco, pues la ley lo permitía. Pero volvió a caer en desgracia meses después y se estropeó, por lo que desde entonces este tipo de muestras tampoco podían hacerse ya en Valencia y se mandaban a los laboratorios catalanes, dependientes del Instituto Nacional de Toxicología. El dispositivo entró así en un periodo de desuso absoluto.

En el Instituto de Medicina Legal de Valencia aseguran que la situación está «a punto» de resolverse, pero con los antecedentes existentes nada invita a la esperanza ni a que se concrete la puesta en marcha u homologación de la máquina. De hecho, en una información publicada por LAS PROVINCIAS en 2016 que denunciaba ya la falta de funcionamiento del dispositivo, la Conselleria de Justicia confió en resolver la cuestión «en breve». Pero la homologación no llega.

La gran mayoría de pruebas de ADN que se tienen que mandar a Barcelona responden a agresiones sexuales o delitos contra la indemnidad sexual. No obstante, también existen casos de homicidios o identificaciones de personas que han aparecido muertas e indocumentadas, esqueletizadas o en irreconocible estado de descomposición.

La importancia de que el aparato sea plenamente operativo radica también en su carácter autonómico. De él dependen asuntos en fase de instrucción procedentes de juzgados de Alicante, Valencia y Castellón.

Pruebas como estas son vitales a la hora de resolver errores judiciales. Por ejemplo, el que sufrió el portugués Edgar Soares y que quedó resuelto en 2011. Estuvo casi un año en prisión preventiva al acusarle de una violación ocurrida en los jardines del Turia. La máquina que hoy no está operativa confirmó que el ADN del semen hallado en la víctima no era suyo. Fue absuelto. Su injusticia se hubiera prolongado hoy en día por la falta de homologación.