Los familiares de los fallecidos en residencias por el Covid cargan contra la falta de investigación

El caso de Alcoy es paradigmático. En un centro de esta población fallecieron 74 personas en apenas un mes, el 53% del total de residentes, la tasa más elevada de toda España, según apunta José Luis García presidente de la Associació de Familiars Afectats Residències DomusVi Alcoi i Cocentaina.

Han pasado tres años y no ha ocurrido nada. Todo sigue igual, como si no hubiera habido una epidemia que, en su primera oleada, hizo estragos en los centros de mayores. Esta es la conclusión a la que llega la Coordinadora de Familiares y Usuarios de Residencias de la Comunidad Valenciana (ReCoVa) después de que ninguna de sus iniciativas haya tenido respuesta tanto en el ámbito judicial como en el político.

En este sentido, Ester Pascual, presidenta de esta entidad, ha lamentado la pasividad de las administraciones implicadas. «Quieren pasar página y que no suceda nada. Pero no vamos a cejar», ha resaltado, «cuando lo que ha ocurrido es muy gordo. Ha muerto mucha gente y la culpa no sólo la tiene un bicho sino que ha habido mala gestión».

Piden que no se olvide. En este sentido, la Plataforma Domus Vi ha convocado una concentración en Alcoy con dos finalidades. Por un lado, recordar a los fallecidos y, en segundo, reclamar responsabilidades.

En este momento hay una demanda civil interpuesta por los familiares de 18 de los fallecidos en espera de que se produzca una resolución judicial. La vía penal se ha cerrado. Al igual que se ha hecho en casi todas las denuncias interpuestas. En estos momentos, según señalan desde ReCoVa, permanecen cuatro investigaciones abiertas a la espera de que se pronuncie el juzgado (Gandia, Valencia, Benidorm-Dénia y Elche).

Todas las demás se han cerrado basados en dos principios. En un caso, porque no se aprecia que haya habido dolo y, por otro, por el principio de causalidad ya que se aprecia una relación directa entre los hechos denunciados y la gestión en estos centros.

José Luis García, presidente de la asociación alcoyana, subraya que «tres años después de las muertes seguimos sin una respuesta por parte de las autoridades». Y añade que quieren que se conteste a la pregunta de por qué se produjo esta tragedia. En este sentido, ha recalcado que la fiscalía abrió diligencias preprocesales de las que no conocen en qué situación se encuentran.

Tanto García como Pascual subrayaron que el Ayuntamiento de Alcoi el 4 de marzo de 2022 pidió en el pleno que Les Corts Valencianes crearan una comisión de investigación. Hasta ahora no ha habido respuesta. «Tan poco en Alcoy se ha dado un paso. Estamos en una situación de desamparo total», resalta García.

En este sentido, José Luis García señala que en primer lugar quieren saber qué es lo que pasó en los centros. «No teníamos información veraz y todos los días morían dos, tres o cuatro personas. Fueron días de angustia», detalla.

«No sabíamos quién les estaba atendiendo si la unidad de atención hospitalaria o los médicos de la residencia. Tampoco sabemos por qué no se derivaron los enfermos al hospital porque en ese momento en el Virgen de los Lirios no había colapso», argumenta el presidente de la asociación.

En este sentido, García ha señalado que es importante «saber lo que pasó para que, entre otras razones, no se vuelva a repetir la muerte de 74 personas que esto no haya servido para nada. Se quiere pasar página y los familiares estamos en el limbo». En la misma línea, ha apuntado que con tantos fallecimientos «nos parece una barbaridad que no se haga nada».

Por otro lado, confía poco en las instituciones. «Estamos ya en un periodo preelectoral y no parece que vaya a haber una comisión de investigación. Pero no paramos. Tras las elecciones volveremos a insistir aunque ya nos vamos a final de año. La propia Aitana Mas señaló que había que abrir una investigación pero ahora ya no dice nada», apunta García.

Ester Pascual, por su parte, ha explicado que la Administración tiene una responsabilidad de saber que es lo que pasó. «En un mes murieron 74 personas. Es obligación de la Administración aclarar que es lo que sucedió». Coincide con José Luis García en que parece que «se quiere tapar que es lo que ocurrió».

«Las heridas siguen abiertas», aclara la presidenta de ReCoVa. «Necesitamos saber qué es lo que ocurrió, quién es el responsable e idear fórmulas para aclarar que las personas que están en las residencias están bien», apunta Pascual.

La presidenta de la entidad ha aprovechado para resaltar que desde el pasado diciembre ya no hay restricciones en las residencias «pero hay algunas donde se mantienen y no dejan entrar a ver a tu madre a la habitación». Y denuncia que la Administración no esté tomando cartas en el asunto. «No se puede consentir. Si ya no hay medidas de prevención no entiendo por qué se limita el paso de los familiares», aclara. Por eso ha reclamado a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que envíe inspectores para que se clarifique la situación.

Y ha insistido en que «de investigación cero. Todo se ha quedado en nada. No ha habido la transparencia que tendría que haber. Ha sido un episodio negro que ha quedado sin verdad ni justicia». Aunque no tira la toalla y espera que la investigación continúe adelante hasta que se llegue a saber qué es exactamente lo que sucedió en este centro.