Las familias con rentas bajas sumarán más puntos en la admisión de alumnos en la Comunitat

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado los cambios tras reunirse con el alcalde de Vila-real, José Benlloch. Se dará un tratamiento especial «a la capacidad de elección a las rentas más bajas, que van a doblar su prioridad», así como «a las personas más vulnerables que están recibiendo la Renta Valenciana de Inclusión (RVI)». Por otro lado, se quiere favorecer la conciliación «de los propios profesores, por lo que tener un familiar trabajando en el centro también dará prioridad», así como de las familias numerosas y monoparentales, que verán incrementada su asignación respecto al baremo actual.

El jefe del Consell ha defendido que se trata de «un compromiso electoral y de gestión» y que se amplían «los espacios de libertad educativa», idea que ha vinculado con la recuperación del distrito único -«la segregación que tanto hemos denunciado se va a acabar»-, con la gratuidad de todo el primer ciclo de Infantil, incluyendo a centros municipales y privados, y con la proposición de ley por la que se regula la libertad educativa.

Mazón también ha confirmado que los cambios llegarán para el curso 2024-2025, o lo que es lo mismo, para el inminente proceso de admisión, así como la opción de que los colegios puedan decidir un punto discrecional «en función de su línea educativa».

Con la nueva normativa, las familias beneficiarias de la RVI conseguirán 7, frente a los 4 actuales, mientras que para el resto se ponen en relación los ingresos anuales con el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Obtendrán 7 (frente a los 3,5 de ahora) aquellas que quedan por debajo de la mitad del mismo; 3 si están entre la mitad y menos del propio valor del IPREM; 2,5 si se sitúan entre el parámetro anterior y menos del indicador multiplicado por 1,5; y 2 si tienen una renta que va entre 1,5 y el doble del IPREM.

El valor exacto se plasmará en la resolución que determina el calendario de la admisión, aunque viene recogido en la ley de presupuestos del Estado, situándose en 8.400 euros. Eso sí, para la escolarización se toma como referencia la renta anual per cápita, resultante de dividir los ingresos (plasmados en la declaración de 2022) entre los integrantes de la familia. Así, para conseguir los 7 puntos, una familia de tres miembros (padre, madre e hijo) debe tener una renta anual inferior a 12.600 euros (que es la mitad del Iprem, 4.200, multiplicado por tres).

En cuanto al resto de criterios que se modificarán, si los padres son trabajadores en el centro ahora se conseguirán 7 (en lugar de 5), y si tienen la condición de familia numerosa o monoparental se dan 3 (categoría general) o 7 (si son de nivel especial, cuando hasta ahora eran 5). Otro de los cambios afecta a los deportistas de elite, que podrán sumar dos puntos más allá de tener prioridad en la admisión.

La nueva valoración de la renta hará que pase a ser clave a la hora de conseguir la plaza, siempre que no medien otros criterios como los citados, que no siempre se dan, y no haya hermanos ya escolarizados en el centro, que es el que más puntos otorga: 15. Y en un contexto de distrito único, que permitirá optar a cualquier centro de la localidad, aunque se sitúe en la otra punta del término municipal. Dicho de otro modo, las rentas más bajas tendrán más sencillo conseguir plaza en el colegio que deseen, esté cerca o lejos de su residencia.

Eso sí, hay que tener en cuenta que la baremación en función de los puntos que se suman sólo se activa en caso de que haya más solicitudes que plazas. Si la demanda es inferior a la oferta todos los aspirantes acceden directamente al centro en cuestión.

Las nuevas puntuaciones suponen cambiar la previsión inicial de la conselleria, pues el borrador que se presentó en las mesas de negociación las mantenía prácticamente igual. Sí que recogía el distrito único y la posibilidad de que los colegios den un punto adicional por reunir determinadas circunstancias, a decisión del consejo escolar o la titularidad (en el caso de los concertados). Eso sí, no podrá ser discriminatorio. Por ejemplo, si un familiar tiene la condición de antiguo alumno, si se selecciona el centro como primera opción en la solicitud o si el niño o la niña se ha escolarizado previamente en una escuela infantil conveniada o en una unidad de dos años perteneciente al centro.

Una vez el pleno del Consell apruebe el nuevo decreto y se oficialice en el DOGV, así como la orden que lo desarrolla, quedará pendiente la publicación de la resolución que marca el calendario del proceso, desde el plazo para presentar las solicitudes (trámite que se hará por vía telemática) hasta los días marcados para la publicación de las listas oficiales de admitidos y el periodo para formalizar la matrícula.

Sobre esta cuestión, la confederación mayoritaria de Ampas de la Comunitat, la Gonzalo Anaya, ha denunciado este lunes el retraso acumulado respecto a años anteriores, de aproximadamente un mes. «Esto provoca que las familias no puedan disponer del tiempo necesario para conocer el proceso de admisión así como toda la información necesaria para planificar la solicitud de la plaza», ha lamentado a través de un comunicado.

En este sentido, ha denunciado que la admisión para el curso 2024-2025 será «la más retrasada de la última década y la que menos tiempo va a dar a las familias para que realicen los trámites y, sobre todo, conozcan la información básica». Todo dependerá de si se retrasan las diferentes fases del proceso, con el riesgo de que la formalización de la matrícula se adentre en agosto o se deje para principios de septiembre, o si se reduce la duración de las mismas, como apunta la confederación, que es la opción más probable.