Tráfico en Valencia: El fantasma de las motos con minirradar

«Este es un nuevo concepto de vigilancia en carretera, pionero en Europa. Son 'patrullas integrales' con medios portátiles que les permitirán realizar acciones de control de velocidad, pruebas de detección de alcohol y de drogas de manera autónoma con cinemómetros portátiles sin necesidad de apoyo de los Equipos de Atestados ni de los Equipos de control de velocidad». Al exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, casi sólo le faltó por decir que las nuevas unidades destinadas a la Guardia Civil de Tráfico eran las 'motos totales', una suerte de vehículos cuasi 'galácticos' con un cometido principal: frenar la sangría de muertes sobre todo en las carreteras convencionales, nacionales y comarcales, las rutas de asfalto que el año pasado concentraron la principal siniestralidad.

El exministro presentó a bombo y platillo hace justo un año -el 20 de marzo de 2018- la nueva medida, con una indicación desde Interior: «Prioridad de controles orientados a la vigilancia en carreteras convencionales, que es donde se producen ocho de cada diez accidentes».

Y en esta cuenta macabra, la Comunitat se llevó la peor parte. En 2018, las vías interurbanas de la región registraron 133 fallecidos, el balance más elevado en ocho años y casi una treintena más de fallecidos. El incremento más elevado de toda España. Y tres de cada cuatro víctimas en la región se produjeron en carreteras comarcales. Precisamente, el terreno al que iban dirigidas los 60 cinemómetros portátiles que debían instalarse en las motos con minirradar.

Pero, transcurrido un año, y con la Semana Santa, fecha tradicionalmente de millones de desplazamientos de conductores y, por desgracia, de una subida de las muertes en carretera, a la vuelta de la esquina, las motos con minirradar siguen siendo un fantasma en las carreteras de la Comunitat. «No llegaron a trabajar en la región. Nos formaron para su utilización, pero no llegaron a tener efecto», lamentan desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

La razón de que el proyecto haya hecho aguas en la región es la «falta de medios y de personal», como subrayan desde el sindicato. Uno de los minirradares sí llegó a ser utilizado para controlar la velocidad en una carretera de Castellón, pero quedó incluso inutilizado al ser destruido por un conductor al que interceptaron en Vall d'Alba. No se utilizó de manera integrada en las motocicletas de la Benemérita, sino colocado sobre las vallas quitamiedos. Su función de 'patrulla total' jamás fue activada. Desde AUGC ya indicaron que en ningún caso fueron adjudicadas a las patrullas de Tráfico, además de que la necesidad de que los agentes patrullen en zonas urbanas, acaba limitando su presencia en las carreteras interurbana y anulando de este modo la utilidad de las aclamadas como 'motos definitivas'.

La relación de 'amor-odio' de Interior, las motos con minirradar y la Comunitat se inició casi desde el minuto uno del proyecto 'interruptus'. En la pasada Semana Santa, cuando ya debían haber rodado las patrullas unipersonales con radar y test de drogas a conductores en la Comunitat, desde la Guardia Civil ya alertaron que todavía no se había recibido ni uno sólo de los 60 minidispositivos anunciados, tal y como publicó en exclusiva LAS PROVINCIAS. Desde AUGC ya calificaron entonces la falta de despliegue de estas unidades especiales como «iniciativas en materia de seguridad vial que buscan edulcorar las negativas cifras luctuosas que siguen al alza». Hoy siguen manteniendo la misma crítica: «Este proyecto nació viciado y fue para vender falsas iniciativas o falsas propuestas innovadoras».

A final del año pasado, como también publicó este periódico, las cuatro unidades destinadas por la Dirección General de Tráfico a la Comunitat si se hallaban en su destino, pero sin efecto alguno ni patrullar. Ya con Fernando Grande-Marlaska en la cúpula del ministerio, los agentes empezaron a recibir cursos de formación para su utilización. Nada cambió. Hoy las 'supermotos' siguen siendo una utopía, y el proyecto un «mero acto de marketing institucional que está rozando el ridículo operativo», como sentencia el sindicato mayoritario de la Guardia Civil.