Igualdad multa con 40.000 euros a la residencia de Alcoy en la que murieron 73 personas

La Conselleria de Igualdad ha impuesto una multa de 40.000 euros a la residencia de ancianos Domus Vi de Alcoy en la que murieron 73 personas durante la primera ola de la pandemia. El expediente considera que la empresa ha cometido una infracción muy grave de la ley valenciana de Servicios Sociales, al incumplir las ratios de personal médico y de técnicos en actividades socioculturales.

La conselleria indica que la sanción se ha estimado de grado medio por el agravante de que ha habido advertencias previas y se han reiterado las infracciones. Domus Vi, la empresa gestora, declinó comentar la decisión de la conselleria. Igualdad también señaló que continúa estudiando los mecanismos para revertir la concesión.

El expediente sancionador se abrió tras una visita de inspección el 21 de noviembre de 2019 para ver si se habían subsanado las deficiencias. Allí se comprobó que continuaba la falta de horas de dedicación de médico de un mes antes, y del personal técnico en actividades socio-culturales detectada en diciembre de 2018 y julio de 2019.

Esta situación llevó a abrir en mayo de 2020 un expediente sancionador, en el que la empresa pidió en las alegaciones su nulidad por haber transcurrido un «plazo excesivo», de más de un año, desde la inspección, con lo que habrían caducado, un argumento que Igualdad rechazó.

La empresa también señaló que había cumplido los requerimientos ampliando las jornadas laborales del personal y que «en ningún momento» se había puesto en peligro la salud de los residentes supliendo la carencia de horas de servicio médico con un importante exceso» de enfermeras.

La conselleria argumenta que la sanción se produce tras los «reiterados incumplimientos». Apunta que en las actas de la inspección se indica que la falta de horas de dedicación de médico ya se detectó en junio de 2019.

La Generalitat señala también que ha habido «reiteración de infracciones» en materia de personal, al haber perdurado en el tiempo el incumplimiento de la ratio exigida por la normativa y que se ha obtenido «cierto beneficio económico». También considera que se ha acreditado el cumplimiento de las normas infringidas.