El Gobierno choca con las comunidades y rechaza su propuesta para aplicar la reforma universitaria

El choque se ha producido en el seno de la tercera reunión del grupo de trabajo creado entre el ministerio, las comunidades, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y los sindicatos para flexibilizar los cambios que introduce la ley.

Durante la sesión, el secretario general de Universidades del ministerio, José Manuel Pingarrón, ha presentado a las autonomías los criterios utilizados para realizar el reparto de las plazas entre las distintas autonomías. Según ha explicado el director general de Universidades de la Conselleria de Educación, José Antonio Pérez Juan, se ha trasladado al ministerio la necesidad de un mayor esfuerzo de financiación y se ha presentado el texto acordado el pasado viernes en Valencia durante la jornada de trabajo de los directores generales de Universidades de las comunidades. «En un ejercicio de corresponsabilidad hemos planteado al ministerio una propuesta alternativa que ayudaría a consolidar las plazas de los nuevos profesores ayudantes doctores», ha dicho. Además ha explicado que el Gobierno, pese a los datos facilitados por la CRUE, limita el número necesario a 4.200.

Hay que tener en cuenta que la LOSU obliga a reducir a un máximo del 20% el porcentaje de profesores con contratos laborales (sustitutos, visitantes y asociados que no sean de Ciencias de la Salud), sin olvidar que también reduce las horas lectivas anuales de los docentes a un máximo de 240. Por tanto, es necesario crear nuevas plazas de ayudante doctor, el escalón de acceso a la carrera docente universitaria, con el consiguiente coste añadido.

«Los rectores han indicado que el número de plazas fijado, las 4.200, no se corresponde con los datos facilitados desde la CRUE, órgano que considera que se necesitan cerca de 5.600 para aplicar las exigencias de la LOSU», según Pérez Juan.

En este sentido, el director general de Universidades ha indicado que la afirmación del Gobierno de que las plazas propuestas necesarias son 4.200 y no 5.600 «ha suscitado el desconcierto de todas las partes intervinientes, tanto de los rectores como de las autonomías y de los propios sindicatos».

De este modo, y según los datos del ministerio, a la Comunitat le corresponden 589 profesores ayudantes doctores, «cifra que resulta inferior a las solicitadas por las universidades valencianas de acuerdo con sus necesidades docentes y para la adecuación de su plantilla a las exigencias LOSU».

Pese al desacuerdo, la reunión ha pasado a abordar cómo financiar estos puestos. Y según Educación, el ministerio ha confirmado que su propuesta «se limita a financiar únicamente un tercio del montante total, quedando el resto a cargo de las comunidades», ha añadido Pérez Juan.

Tras este anuncio, las autonomías han presentado «de manera consensuada» una propuesta en la que el Gobierno asumiría la financiación de la totalidad de las plazas convocadas durante los seis primeros años y, a partir el séptimo, y hasta la jubilación de los profesores implicados, la financiación correspondería a las administraciones autonómicas.

«Sin embargo el Gobierno ha confirmado que seguirá con su iniciativa, con independencia de la postura de las comunidades, y que este mismo año acordará con las propias universidades el modo de convocar el tercio de las plazas que, según su criterio, va a asumir», ha dicho Pérez Juan, justo antes de explicar que las autonomías han emplazado al ministerio a que «muestre un talante más dialogante y que estudie la propuesta que de forma consensuada le han trasladado».