Dos sanitarios del hospital Arnau de Vilanova de Valencia. Iván Arlandis

El Gobierno debe mil millones a la Comunitat por la atención a turistas y pacientes de otras autonomías

Sanidad reclama tras el verano el cuantioso impago que el Ejecutivo va incrementando durante los últimos doce años

José Molins

Valencia

Lunes, 9 de septiembre 2024, 00:42

La cifra ya es inmensa. Y sigue aumentando cada año, desde hace una década. El Gobierno debe a la Comunitat más de mil millones de euros (en concreto 1.004,3) por el gasto de la atención sanitaria tanto a los extranjeros como a los ... españoles de otras autonomías en los centros valencianos. Al ser una región tan receptora de turistas, ese gasto es muy superior que el de otras zonas españolas, lo que supone un perjuicio para la Generalitat. Una cantidad que el ministerio debe abonar a la Conselleria de Sanidad como compensación de la asistencia y que ahora el gobierno valenciano reclama al nacional.

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La gran mayoría de esta cifra proviene de la atención en la Comunitat a pacientes provenientes de otras autonomías españolas desplazados temporalmente a la región valenciana por motivos turísticos, de trabajo, estudios, etc., y la facturación por asistencia a pacientes derivados entre comunidades con carácter programado. En este grupo la deuda del Gobierno asciende a 921,6 millones de euros y la gran mayoría es por asistencias en atención especializada.

Ese gasto sanitario suele aumentar especialmente en verano, cuando la masiva llegada de visitantes a las zonas turísticas, sobre todo las playas, conlleva también frecuentes atenciones en hospitales y centros de salud a gente que proviene de otros puntos de España, fundamentalmente de Madrid y de ambas Castillas, aunque también de otras comunidades. Pero la presencia de turistas es muy habitual, cada vez más, durante el resto de meses del año, más allá del verano. El problema añadido es que esas visitas fuera de temporada alta son en un gran porcentaje de personas mayores, normalmente jubilados, muchos de ellos pluripatológicos y que suelen necesitar atención sanitaria durante su estancia en la Comunitat, lo que aumenta esta deuda del Gobierno.

En menor medida los impagos proceden también de la facturación por asistencia a pacientes extranjeros cubiertos por otros sistemas de salud. Asciende a 82,7 millones de euros y se trata de personas con Tarjeta Sanitaria Europea o pacientes de países con los que España tiene suscrito un convenio de asistencia sanitaria recíproca. La cifra es muy baja en comparación con la otra porque las visitas de este grupo son de menos tiempo de duración y los que vienen para más días, acuden más a clínicas privadas si tienen algún problema de salud.

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Este importe se debería haber abonado a través del Fondo de Garantía Salarial (FOGA) un instrumento creado para compensar la asistencia a pacientes desplazados de otras comunidades y del Fondo de Cohesión, por el que se paga el gasto por la atención al colectivo extranjero. La finalidad del FOGA es reponer el coste que generan determinadas comunidades autónomas que, debido a su carácter turístico, atienden a una mayor población desplazada de forma temporal, como es el caso de la Comunitat. Este hecho provoca un desequilibrio económico entre las autonomías, que se ha de compensar, algo que la Comunitat Valenciana lleva reclamando desde hace años.

El Gobierno, desde que en el año 2012 empezó a cuantificarse esta deuda con las comunidades, ha pagado anualmente algunas pequeñas cantidades a la Generalitat, pero siempre muy lejos de la totalidad, por lo que en doce años la cifra ya ha superado los mil millones de euros. Son objeto de compensación económica determinados tipos de asistencias que hayan sido derivadas previamente entre autonomías con carácter programado, siempre que se cumplan algunos requisitos.

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Estos son que haya un registro previo de la solicitud desde la comunidad de origen del paciente y una aceptación expresa por la comunidad de destino. La asistencia solicitada tiene que formar parte de una lista de procesos de hospitalización recogida en la normativa o de una lista reducida de procedimientos ambulatorios, actualmente 110, recogida en la normativa. Además, debe formar parte de una relación específica de patologías, técnicas, tecnologías y procedimientos recogidos en la normativa, siempre que se atiendan o realicen en alguno de los centros, servicios y unidades de referencia del SNS reconocidos oficialmente.

Por tanto, queda fuera de la compensación económica la asistencia especializada urgente, la programada que no haya sido derivada previamente por otra comunidad y la que haya sido derivada desde otra autonomía pero que no se incluya en ninguno de los supuestos contemplados en la normativa.

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