Igualdad ahoga a los centros de menores: pagos con tarifas de hace cuatro años

Mientras, la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Aitana Mas, se ha desplazado hasta Islandia para conocer el funcionamiento de este tipo de instalaciones en el país. El viaje ha sido muy criticado por la oposición al considerar que no hay un motivo claro para el desplazamiento.

Pero más grave aún es que trece de estos centros se encuentran en «enriquecimiento injusto». Se trata de una situación que se produce cuando se acaba el contrato entre una residencia y la Administración y se prorroga hasta que se pueda redactar uno nuevo.

El problema es que no se actualizan los costes de forma que las empresas siguen cobrando lo mismo de la administración mientras se produce un alza de precios por parte de los proveedores y también de las nóminas y hacer frente al incremento corre a cargo de las adjudicatarias. «La conselleria no paga más porque sigue en vigor el contrato anterior», manifiesta Esteban Burillo, presidente de la Asociación Profesional de Instituciones de Menores (Apime).

En este sentido, se refirió a que en los dos últimos años con una alta inflación se ha generado un mayor incremento de las nóminas y de los precios que cobran los proveedores lo que ahoga más a las entidades.

Así se encuentran numerosos centros de menores de la Comunitat Valenciana desde 2019, una situación que ha sido denunciada por el Síndic de Greuges y por los propios empresarios.

Burillo, por su lado, señaló que muchas de las entidades se han visto obligadas a pedir préstamos para poder seguir desarrollando su actividad.

La situación por la que atraviesan algunos de estos centros es dramática porque a duras penas consiguen mantenerse. Además, se trata de una situación delicada porque puede afectar a la atención que se presta a los menores, un punto que desde la Conselleria de Igualdad señalan que no pasará.

El momento más difícil para estos centros fue el pasado verano cuando las deudas de la conselleria ascendían a 21 millones de euros. A final de año se había mejorado en algo ya que la cantidad adeudada se había reducido hasta los once millones después de que el departamento de Aitana Mas hiciera un esfuerzo para abonar parte de estas cantidades.

Alguna empresa no pudo pagar totalmente las nóminas de los trabajadores por falta de liquidez, aunque fue un problema puntual, como señalan desde Apime. Esteban Burillo argumentó que las mayores dificultades fueron para las entidades más pequeñas que no cuentan con el suficiente músculo financiero para solventar por sus medios la situación.

Desde el departamento que dirige Aitana Mas se señala que no se ha podido acabar con las deudas a las entidades en 2022 pero que el problema se solventará una vez se abra el presupuesto de 2023. Las mismas fuentes recuerdan que se impulsó un plan de choque después del verano que permitió reducir el monto total de la deuda.

Por otro lado, las mismas fuentes aseguran que en agosto de 2022 se puso en marcha el proceso administrativo para adjudicar los nuevos contratos y acabar con el enriquecimiento injusto. Pero no es proceso sencillo y se demorará varios meses. Desde la conselleria se asegura que a lo largo de 2023 se solventará la situación. Aún así desde Apime criticaron lo que consideraron una falta de planificación.