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El juzgado de lo Social número 6 de Valencia ha condenado a la Universitat de València a hacer indefinida a una investigadora que encadenó contratos temporales durante más de nueve años, al considerar que la fórmula elegida por la institución contraviene lo dispuesto en la normativa básica que regula los contratos de obra y servicio.
El caso lo ha llevado la Federación de Servicios Públicos de UGT PV, que reclama a la Universitat (UV) que no recurra la sentencia teniendo en cuenta que con la reforma laboral y la futura Ley de Ciencia ya no se podrán dar este tipo de situaciones.
Además, lo pone como ejemplo de la precariedad que afecta al colectivo investigador, en el sentido de que es una práctica extendida. «Existe la necesidad de que las universidades puedan contratar personal de forma indefinida con cargo a proyectos que tengan financiación específica», alega la organización. «Es una cuestión de voluntad, de querer disponer de personas en nuestras universidades que se dediquen a la investigación y de querer acabar con la inestabilidad en sus contratos», añaden.
Financiación. La reforma de la Ley de Ciencia, la herramienta con la que el Gobierno pretende dignificar la carrera investigadora, prevé que la inversión alcance en 2030 el 1,25% del PIB. En la actualidad se encuentra en el 0,58%.
Contratación. Introducirá una modalidad indefinida que evitará la concatenación de contratos de obra y servicio y el abuso de la vinculación laboral temporal.
Indemnización. Se reconocerá en caso de despido de investigadores predoctorales. Tanto para los contratos vigentes cuando se aplique la ley como para los nuevos. Será de 12 días por año trabajado.
Remuneración. No corrige una crítica muy extendida entre los jóvenes investigadores, como es que las becas predoctorales más competitivas (FPI o FPU) tengan una retribución que al inicio sólo llega a un 56% de lo que corresponde a un funcionario del grupo A1 (70% el cuarto año). Son poco más que mileuristas.
Estatuto. Se ha reclamado la creación de un estatuto del personal de la investigación que regule sus derechos y facilite la estabilización, evitando la fuga de talento formado en España.
Sanitarios. No servirá para homogeneizar o mejorar las condiciones de los investigadores sanitarios contratados a través de fundaciones.
La trabajadora y la institución firmaron un contrato de obra y servicio determinado el 12 de septiembre de 2012, a tiempo completo, a cargo de un proyecto relacionado con cuestiones técnicas de las páginas webs de la Universitat. La convocatoria pública de la plaza dejaba claro que la duración de la relación laboral sería de 36 meses (tres años), y en los hechos probados se acredita que se prorrogó en nueve ocasiones, hasta el 31 de diciembre de 2021.
Además, en abril de 2019 las partes suscribieron un acuerdo para «mejorar la condiciones», que consistió en una reclasificación del puesto de trabajo «manteniéndose la naturaleza del contrato y realizando las tareas que se deriven, sin que esto suponga alterar la obra o servicio del objeto del contrato», tal y como reza el documento reflejado en la resolución judicial.
Sin embargo, UGT alegó que la investigadora pasó a desempeñar funciones propias de un proyecto «estructural y no sólo temporal, como lo fue al principio», defendiendo que estas «nada tenían que ver» con el trabajo de investigación al que estaba vinculado el contrato de la trabajadora, tratándose de una «actividad ordinaria, permanente y estable».
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En este sentido aportó una sentencia del Supremo que daba la razón a un profesional de Barcelona en una situación similar, con concatenación de contratos para atender «necesidades permanentes y duraderas» y no de carácter temporal.
También se defendió que se ha contravenido lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores respecto a la duración de los contratos de obra y servicio, que no pueden rebasar los tres años, y que según esta misma norma «se presumirán por tiempo indefinido los celebrados en fraude de ley».
Así, la demanda solicitaba que la relación laboral entre las partes pasara a ser de «carácter indefinido no fijo hasta que se cubriera la plaza de forma reglamentaria» o incluso se amortizara «en la forma prevista legalmente».
La Mesa General de Negociación de las Universidades Públicas ha empezado a funcionar este miércoles y debe servir para que la conselleria y los sindicatos representativos negocien aspectos específicos de las instituciones académicas, tanto nuevas necesidades como problemas que acumulan años sin solución. El punto más destacado del orden del día fue la creación figura del profesor sustituto, que debe servir para que los centros puedan cubrir necesidades de docencia sin tener que abusar del profesorado asociado. Desde UGT explicaron que no se sabe cuánto cobrará ni la forma de acceso al tratarse de una modalidad regulada en el convenio colectivo del personal laboral, que sigue sin aplicarse. La paralización del documento, que incluye mejoras retributivas para los colectivos más precarios, también salió a relucir durante la reunión. Desde el sindicato se reclamó a la conselleria que solicite al Ministerio de Hacienda un informe sobre cuál es el motivo del bloqueo. UGT aseguró que ha contactado con la Dirección General de Presupuestos del departamento estatal y que se les ha trasladado que el problema no está en el límite de incremento de masa salarial, que es la versión oficial, sino que "al parecer se trata de un problema del gobierno valenciano". Para la segunda semana de marzo está prevista una nueva reunión en la que se abordarán cuestiones como el modelo de financiación (que lleva décadas pendiente) o la actualización del decreto de retribuciones adicionales (de 2002).
La institución argumentó que las universidades también pueden contratar personal investigador o técnico mediante este tipo de relación laboral para el desarrollo de proyectos de investigación científica o técnica, si bien la sala matiza que, para que no se considere irregular en caso de una duración mayor, deben estar vinculados a un proyecto que, efectivamente, rebase el plazo citado (tres años), algo que no se da en el caso judicializado. Y en base a los hechos probados se advierte de que «el trabajo estaba vinculado a un proyecto de tres años, por lo que hubo de prorrogarlo hasta en nueve ocasiones».
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