El laberinto legal para desokupar una vivienda

Segundas residencias, casas en venta o inmuebles de fondos de inversión son los principales objetivos para realizar okupaciones ilegales. Este fenómeno, que se ha extendido en los últimos años tanto en España como en la Comunitat Valenciana, ha provocado que miles de familias se planteen tomar medidas al ser conscientes de que desokupar una propiedad se ha convertido en un auténtico laberinto judicial.

Así lo reconocen tanto expertos jurídicos como propietarios que han vivido en primera persona intrusiones ilegales y que coinciden en que es necesario endurecer las penas y dotar de más medios tanto a jueces como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que en general apenas pueden actuar hoy en día, para que puedan intervenir sin grandes demoras en el tiempo. Y es que la realidad que se vive en la actualidad es que si los usurpadores no acceden a abandonar la vivienda por voluntad propia es muy costoso obligarles a que den este paso y si uno apuesta por interponer una denuncia y acudir a la vía judicial, al considerarse en la mayoría de los casos un delito civil, todo el proceso puede demorarse hasta un año. ¿Y al final? Pues todo el periplo suele terminar con una pena de una multa que muchas veces no se asume al declararse el usurpador insolvente.

Una valenciana que ha vivido de cerca esta situación es Cristina Izquierdo y lo ha lamentado tanto a nivel profesional como personal. Esta promotora tuvo que enfrentarse a diferentes okupaciones en viviendas de su empresa en Ibiza y lamenta «que la justicia fue tan lenta que tuvimos que tener la iniciativa». «En un caso pudimos desalojar al hombre dialogando pero en otros tres se negaron y interpusimos denuncias pero cuando llegaron las citaciones solo una casa seguía okupada y en el juicio no se resolvió nada», remarca esta valenciana, que apunta que en su urbanización de La Cañada también vivieron otro episodio similar. En esta ocasión, no era de una vivienda suya sino de un fondo de inversión que nadie reclamaba y por ello ni tan siquiera se podía interponer una denuncia por parte de los vecinos ya que solo lo puede hacer el titular de la infraestructura. De hecho, la okupación terminó cuando cometieron otro delito y entonces sí pudo intervenir la Policía.

Este fenómeno no ha desaparecido con la pandemia, tal y como apunta una familia de Paterna que prefiere no ser identificada. Los hermanos tenían una vivienda en venta y un día los vecinos les informaron que veían por las noches luz dentro y alertaron a la Policía. Tras la usurpación, comenzaron las denuncias que terminaron en dos juicios ya que durante el período de asalto primero estuvo una familia y luego dos jóvenes. Las dos sentencias se saldaron con multas y en el segundo caso con el desalojo. Una condena que consideraron insuficiente por todas las molestias ocasionadas.

José Domingo Monforte, director de Domingo Monforte Abogados Asociados, comparte esta opinión y asegura que ha visto como en los últimos años se ha incrementado el número de clientes que acuden a su despacho en busca de que les ayuden a desalojar una vivienda de su propiedad. «Creemos que se ha convertido en un problema social», apunta el jurista, que considera que no existen penas suficientemente duras que contribuyan a desincentivar esta práctica y, además, el hecho de que el proceso judicial se alargue en general durante meses no ayuda. «Lo que no puede ser es que después de todo el proceso y de que varias personas hayan estado viviendo en tu casa termine el juicio con una pena de una multa que nunca se llegará a pagar porque se declaran insolventes», sentencia.