Malestar entre las familias de zonas valencianohablantes que no pueden decidir la lengua de las clases

Se trata de los residentes de las zonas de predominio lingüístico valenciano, que incluyen a las cuatro grandes ciudades de la Comunitat: Valencia, Alicante, Elche y Castellón. Y es que los centros de este ámbito, a diferencia de los situados en municipios castellanohablantes, tendrán que esperar a que entre en vigor la nueva ley de plurilingüismo, cuyo proyecto no se conoce. Por contra estos últimos sí podrán modificar antes el peso de las lenguas vehiculares. De hecho, deben comunicar su decisión a Educación el viernes como tarde.

«Estamos recibiendo quejas de Ampas de Alicante y Elche que se quedan sin posibilidades a corto plazo y que nos piden que hagamos presión», explica Sonia Terrero, presidenta de la Confederación Covapa, con especial implantación en la provincia alicantina, que destaca que la sensación que está provocando este sistema dual es «agridulce».

«La conselleria nos ha reconocido que su promesa de cambio de modelo no puede ser completa el curso que viene porque aunque se está trabajando en la derogación de la ley del Botánico no podrá aplicarse en el curso 2024-2025 al no dar tiempo a aprobarla antes de que empiece el proceso de admisión», señala. «Y en cuanto a las zonas castellanohablantes, agradecemos el gesto y confiamos en que no se demonice a ningún representante de familias que opte en los consejos escolares por modificar el plan lingüístico actual. En cualquier caso, es necesario un segundo gesto, un cambio completo de la ley, evitando así situaciones de discriminación en función de dónde se reside», concluye.

La presidenta de Covapa -una de la organizaciones que tumbó el primer decreto del Botánico y que ha impulsado varias movilizaciones contra la ley que lo sucedió- se refiere al mecanismo incluido en la ley de acompañamiento de los presupuestos que permite, sólo en zonas de predominio lingüístico castellano, que los consejos escolares puedan pedir, con mayoría simple, una rebaja de las horas lectivas que se deben vehicular en valenciano, con el límite mínimo de mantener la asignatura lingüística propiamente dicha. El cambio, de salir adelante, entrará en vigor el ejercicio que viene.

En cuanto a las zonas valencianohablantes, seguirán con el proyecto lingüístico vigente en años anteriores, y cualquier modificación será a futuro, como pronto, en el 2025-2026.

Hace días se pronunció, en términos similares, la FAPA 9 d'Octubre de la provincia de Valencia, integrada en la citada confederación. Si bien valoró «positivamente» el mecanismo de urgencia, consideró que es «insuficiente» al generar un «derecho a elegir incompleto». A su juicio, «el alumnado debe recibir sus enseñanzas en la lengua vehicular que elijan las familias teniendo en cuenta el contexto sociolingüístico de la localidad o el centro», así como criterios «pedagógicos y de rendimiento».

Por su parte, desde la asociación Hablamos Español, que también ha llevado a los tribunales casos de discriminación a alumnos, familias y docentes y ha impulsado numerosas manifestaciones contra la ley botánica, se considera que este doble modelo es «injusto» por dejar fuera de la posibilidad de cambio a «los niños hipanohablantes de las grandes ciudades». «No poder estudiar en la lengua materna perjudica tanto a uno de Castellón como a uno de Torrevieja», se señala en un comunicado.

La organización ha elaborado un muestreo entre centros de las diferentes zonas, llegando a concluir que en muchas escuelas el peso del valenciano supera el 50%. «Por mucho que se hayan declarado estos municipios como de predomino valenciano la inmensa mayoría de escolares de Valencia, Castellón, Alicante o Elche tienen como su lengua materna el español», se afirma. «Respetando los derechos de los niños a estudiar en valenciano, si esa es su lengua materna, no se pueden olvidar de esta manera los derechos de los que viven en estas zonas y cuya lengua materna es el español», se añade.