El Puerto de Valencia aprueba una concesión de hasta 50 años para gestionar la Marina

La presidenta de la APV, Mar Chao, aseguró este martes que los pliegos han primado «criterios cualitativos frente a cuantitativos» con la idea de que el futuro adjudicatario sea el que mejor proyecto proponga para la ciudad de Valencia. «No se ha buscado maximizar los ingresos del puerto, sino los beneficios para Valencia. El puerto es Valencia», aseguró en la rueda de prensa posterior a la celebración del consejo, donde sólo se permitieron abordar las cuestiones relativas a la disolución del Consorcio 2007 y la futura gestión del espacio.

En total, el espacio que se cede alcanza los 235.000 metros cuadrados y las tasas que deberá abonar la adjudicataria ascienden a un total de 5,12 millones de euros anuales. La presidenta de la APV, Mar Chao, aseguró que los pliegos han primado «criterios cualitativos frente a cuantitativos» con la idea de que el futuro adjudicatario sea el que mejor proyecto proponga para la interacción entre puerto y ciudad. «No se ha buscado maximizar los ingresos del puerto, sino los beneficios para Valencia. El puerto es Valencia», aseguró en la rueda de prensa posterior a la celebración del consejo, donde sólo se permitieron abordar las cuestiones relativas a la disolución del Consorcio 2007 y la futura gestión del espacio.

Chao explicó que esta concesión privada no es «nada diferente» a lo que se está haciendo en otros puertos que «son referente internacional en la zona puerto-ciudad», con el ejemplo del de Barcelona. No obstante, hizo hincapié en que «aquí no se privatiza nada» ante las preguntas de los periodistas. Cabe recordar que con esta fórmula de concesión, la APV responde a una obligación de la Comisión Europea, que señaló que el Consorcio no podía gestionar la Marina directamente al entender que lo hacía en condiciones más ventajosas que otros concesionarios privados. La decisión se ha demorado tanto que ha coincidido en el tiempo este proceso con la extinción de la anterior entidad gestora.

En concreto, los pliegos obligarán al concesionario a prestar los servicios de gestión de los puestos de amarre, control marítimo, suministro de carburantes a embarcaciones, agua, energía eléctrica, telefonía y transmisión de datos, aparcamiento de vehículos, la recogida selectiva de basuras y residuos, el desarrollo de actividades de carácter formativo y educativo y de apoyo al deporte náutico, la organización de eventos, competiciones deportivas y actividades culturales y servicios de varada y reparación de embarcaciones.

En cuanto a la construcción del varadero, debe tener una capacidad de izada suficiente para atender a barcos de 30 metros de eslora. Por lo que respecta a la cláusula que busca atraer de nuevo la Copa América, el pliego establece que el concesionario ceda temporalmente los espacios de tierra y mar a la APV para la celebración del evento náutico.

Además, el Ayuntamiento de Valencia y la entidad portuaria ultiman la creación de un órgano para resolver la gestión de bienes patrimoniales y demaniales, excepto los usos náutico-deportivos y náutico-recreativos. «Se han iniciado los trámites para firmar el convenio y generar esa comisión bilateral entre ambas instituciones para resolver esa maraña jurídica», agregó la alcaldesa, María José Catalá, que también es consejera de la APV.

En este órgano no estará la Generalitat, ya que, según explicaron Chao y Catalá, no es propietaria de los terrenos que se abordan en esta comisión, pero sí estará presente en el futuro ente gestor de la concesión. «Con la formalización de esta comisión se inicia una etapa distinta a la anterior, donde queremos convertir la liquidación del consorcio, legalmente obligatoria, en una oportunidad de futuro para clarificar los terrenos de dominio patrimonial y poder dar solución y salida a proyectos interesantes que quieran llegar a la ciudad de Valencia y que se han encontrado con una situación de indefinición y de precariedad en edificios singulares», manifestó la alcaldesa.

manifestó la primera edil.

Chao indicó, por su parte, que lo aprobado este martes da solución, antes del 31 de diciembre, a los terrenos de dominio público portuario con seguridad jurídica para los titulares. Es decir, los negocios que tienen un espacio alquilado no se verán afectados por la extinción del Consorcio y podrán continuar hasta que la empresa concesionaria finalice de manera completa el proceso de adjudicación de los amarres. Mientras tanto, el dominio patrimonial se abordará en la comisión bilateral. «Hemos adoptado todos los acuerdos, ha sido de nota la velocidad con la que se ha intentado dar solución a esta maraña del Consorcio», destacó.

«En cuanto a la superficie de 235.000 metros cuadrados, es el terreno necesario para actividades auxiliares vinculadas a la náutica deportiva», justificó Chao ante la pregunta de a qué se deben estas dimensiones que abarcan mucho más allá de los amarres. «Se ha tenido especial sensibilidad por parte de la APV para poner en valor esa área. No se está privatizando nada», insistió.

Las instalaciones náutico-deportivas, objeto del concurso, se distribuyen en tres dársenas; la dársena interior, la dársena norte y la dársena sur, que actualmente albergan más de 800 amarres para embarcaciones de entre 7 y 170 metros de eslora. «Es un concurso público al que se pretende que opten gestores de marinas con experiencia y solvencia técnica, habida cuenta del alto valor del entorno donde se ubican las instalaciones», añadió Chao.Precios para la nueva terminal norte

En el Consejo de Administración se ha aprobado también la propuesta de actualización de precios del proyecto constructivo del muelle de contenedores de la ampliación norte, una actualización que, según ha señalado Mar Chao, «no influye en nada en el proyecto que está pendiente de aprobación por parte del consejo de ministros». Los precios aprobados por el Consejo de Administración en diciembre de 2022 para este proyecto han quedado desactualizados en tanto el presupuesto se formuló en el primer trimestre de 2021, utilizando precios unitarios de materiales, maquinaria y mano de obra correspondientes a 2020: 542.694.149,17 euros IVA incluido. Por tanto, ha transcurrido un año desde que se aprobó el proyecto y casi dos años, desde que se realizó el primer cálculo de costes.

«La tendencia alcista, continua y persistente de los precios en el nuevo lapso de tiempo transcurrido ha llevado a la Autoridad Portuaria de Valencia a actualizar los precios de las distintas unidades de obra recogidos en el proyecto de construcción aprobado en 2022, dando como resultado un nuevo presupuesto para esta misma obra de 660.387.997,83 euros IVA incluido», indican fuentes portuarias después de la celebración de la rueda de prensa, donde Chao insistió en que sólo hablaría de los temas relativos al consorcio.