La concesión de la Marina de Valencia tendrá una cláusula para facilitar el regreso de la Copa América

Así lo indicaron ayer fuentes conocedoras del proceso, acerca de una sugerencia al Puerto por parte del Ayuntamiento que ha sido aceptada. La intención de la caldesa de Valencia, María José Catalá, es conseguir que el evento náutico regrese a la ciudad en la próxima edición, seguramente en 2027. Ahora, las regatas se celebran en Barcelona.

El concurso de los amarres para un total de 392 embarcaciones además de las 37 añadidas en la Marineta, responde a una obligación de la Comisión Europea, en el sentido de que el Consorcio no podía gestionarlas directamente. La decisión se ha demorado tanto que ha coincidido en el tiempo este proceso con la extinción de la propia entidad.

Será mañana cuando se conozcan todos los detalles, aunque las mismas fuentes indicaron que muy posiblemente se incluya en el pliego el Varadero a construir en la parte sur, una enorme explanada que ahora sirve para conciertos de música. Se trata de una parcela de 55.000 metros cuadrados que dispone también de edificabilidad con edificios en parte de los terrenos. La previsión es que tengan una altura máxima de 14 metros.

La adjudicación de la Copa América de vela a Barcelona ya fue motivo de controversia en Valencia. La actual alcaldesa criticó duramente cuando estaba en la oposición al exalcalde Ribó por negarse a negociar con el Emirates New Zealand, actual poseedor de los derechos del evento al conseguir la Jarra de las Cien Guineas en su última edición.

De ahí el interés del Ayuntamiento en que toda la planificación que se haga en la Marina cuente con la posibilidad de que las regatas vuelvan a las aguas de la Malvarrosa y El Saler. La primera edición en el cap i casal fue en 2007 y contribuyó a cambiar la imagen turística de la ciudad, además de permitir la cesión de la Marina para un uso ciudadano. La copa fue ganada por el Alinghi y en el siguiente desafío, también en aguas de Valencia, los americanos del BMW Oracle se la llevaron a las vitrinas del Golden Gate Yatch Club de Nueva York, y con ello el evento.

La previsión es que el concurso se adjudique poco después del verano de 2024, teniendo en cuenta todos los aspectos legales y posibles reclamaciones. Grant Dalton, líder del New Zealand, ya ha dicho que tras las regatas en Barcelona no cierran la posibilidad a ninguna ciudad, incluida Valencia, con lo que la posibilidad está más que viva. Depende de la negociación pero Catalá ya ha movido ficha para preparar el terreno y que no haya ninguna pega por el concesionario de los amarres. Al contrario, la empresa que lo logre estará encantada con el negocio.

La extinción total y completa del Consorcio Valencia 2007 se hará cuando la empresa adjudicataria de los amarres los gestione. Así no habrá ni un día de interrupción del servicio para los propietarios de los barcos. No obstante, el Ayuntamiento aprobó hace escasas fechas una propuesta para crear un órgano de cooperación con el Puerto, de tal modo que se vayan resolviendo cuestiones que atañen a las dos administraciones en sus competencias dentro de la Marina.

Ese órgano, por lo que ha podido averiguar LAS PROVINCIAS, tiene vocación de permanencia, con lo que seguramente será la entidad competente en la gestión futura de la Marina. ¿Podrá sumarse a ella la Generalitat? No se descarta nada, a pesar de que la Administración autonómica carece de propiedades en la dársena. Su entrada permitiría una inyección de fondos para actividades o inversiones públicas.

Para que sea efectivo el órgano citado, debe aprobarlo con toda seguridad una institución superior a la Autoridad Portuaria, seguramente Puertos del Estado. Entonces los plazos se vuelven más difusos como se está viendo en los trámites de la ampliación norte del puerto.

Todo este rompecabezas debe servir para sacar adelante arrendamientos tan importantes como los Docks o la antigua base del Alinghi, por ejemplo. Sobre el primer proyecto, el anterior gobierno municipal promovió un concurso para que albergara un centro de datos, lo que fue frenado tras un informe la Abogacía del Estado, que advertía de un posible recurso.