Hablamos Español llevará a Marzà a los tribunales por discriminar el castellano

Tras un par de peticiones formales al departamento autonómico que dirige Vicent Marzà y no obtener respuesta la organización elevó una queja ante el Consell de Transparencia, que da la razón a la entidad. Sin embargo, esta considera que la información facilitada -un año más tarde de la primera solicitud- no se ajusta a la resolución emitida, por lo que su equipo jurídico ya trabaja en un recurso que en las próximas semanas se presentará ante el TSJCV por vulneración de las leyes de Transparencia.

Se trata de un capítulo más de la campaña impulsada por la organización de ámbito estatal en las diferentes comunidades con dos lenguas oficiales, cuyo resultado ha sido dispar. En todas se solicitaron las programaciones, donde se concretan los criterios de evaluación, los contenidos a tratar o las metodologías de las diferentes materias en cada centro al ser información pública accesible para las familias, con el objetivo de poder analizarlas y realizar estudios conforme a sus fines estatutarios, así como para detectar «adoctrinamiento» o para poder orientar a sus asociados a la hora de elegir colegio.

A la primera solicitud -presentada el 9 de diciembre de 2020- le siguió una segunda -28 de enero de 2021- que tampoco fue respondida, por lo que en junio del mismo año se elevó una reclamación ante el Consell de Transparencia, que el pasado octubre se pronunció a favor de la entidad, obligando a Educación a facilitar los datos requeridos.

La resolución, consultada por LAS PROVINCIAS, deja claro que la información solicitada «es pública tal y como se recoge en las leyes de Transparencia», afea a la conselleria que no hubiera dado respuesta y desvela que sólo cuando desde el órgano se le contactó para que presentara alegaciones hubo contestación. En esta el departamento decía que la información «se encuentra disponible en cada página web de cada centro docente y es accesible para cualquier ciudadano».

Ante esta postura el Consell recordó a Educación que la Ley de Transparencia de la Generalitat señala que en ese caso se debe guiar al peticionario para que pueda encontrar lo solicitado, «proporcionando expresamente el enlace que accede a la información», incluyendo además «los epígrafes, capítulos, datos e informaciones exactas que se refieren a lo solicitado», de manera que esta orientación «sea precisa y concreta y lleve, de forma inequívoca, rápida y directa a la información».

La ejecución del dictamen, según la documentación remitida por Hablamos Español a este periódico, fue muy distinta. Consistió en un listado de los centros valencianos con un enlace a la portada general de su página web, así como la dirección postal.

Es decir, no dirigen a las programaciones, obligando al peticionario a tener que navegar para encontrar la documentación solicitada, que además no existe en la inmensa mayoría de los casos. En otros, los menos, sólo se hace referencia a criterios de evaluación o al proyecto educativo de centro (PEC), por no hablar de que los ejemplos en que se encuentran en castellano son anecdóticos. «No nos han enviado las programaciones de los centros en español, sino un listado cojo o mutilado, con unos enlaces que en la mayoría de casos llevan a centros que no tienen la información», critica Gloria Lago, presidenta de Hablamos Español, que considera que se ha querido dificultar la labor de la entidad.

Exactamente se han analizado los 200 primeros centros del listado, de los que se proporciona un enlace a la web en 81 casos, y sólo en dos aparecen las guías en español, asegura la entidad.

Cuando la organización solicitó esta misma información al País Vasco obtuvo respuesta en cuestión de días. También desde Cataluña y Baleares se les remitió tras tener que recurrir a los órganos de Transparencia autonómicos. En el último caso las enviaron directamente los centros, con pocos casos en castellano.