Los padres se movilizan para que Marzà no arrincone el castellano en las aulas

La tercera confederación, la Gonzalo Anaya -la más grande- sí considera que la ley permite avanzar hacia un aprendizaje equilibrado de las lenguas oficiales y el inglés, si bien siempre ha insistido en dotar de suficientes recursos para ello a los centros de zonas castellanoparlantes.

La petición de Covapa y Concapa coincide con las primeras polémicas por la aprobación de los proyectos lingüísticos de Secundaria en estos territorios, como Requena y Utiel, donde las propuestas impulsadas desde tres institutos (con un 17% de horas en la lengua autonómica) no han sido aceptadas por Educación, que plantea elevar el porcentaje al 25% o el 27% al ser el peso que ya tiene el valenciano en los colegios de Primaria desde donde promocionan los alumnos.

«Enviamos un escrito a Puig y a Marzà solicitando la paralización entre otros motivos porque consideramos que con las restricciones derivadas de la pandemia no se ha podido informar convenientemente a las familias de los cambios que llegaban, como prevé la propia ley. La respuesta fue que no se han detectado problemas», dice Sonia Terrero, presidenta de Covapa, que reclama otra regulación «de consenso, que no reste peso al castellano en municipios donde es mayoritario y en la que las familias tengan voz y voto en la toma de decisiones».

La ley culminó su implantación en Primaria en el 2019-2020. Son los centros los que eligen su proyecto dentro de los límites fijados en cuanto al peso de las lenguas oficiales y el inglés y después es validado por la conselleria, que promueve que el 50% de las horas se impartan en valenciano, el 25% en inglés y el 25% restante en castellano. En la práctica ha implicado un marcado crecimiento de la oferta mayoritariamente en la lengua propia en detrimento de las líneas donde predominaba el español. Y de cara a Secundaria, la ley es clara: el proyecto lingüístico «se adaptará» al implantado en los colegios adscritos, y la conselleria velará «por la coherencia y progresividad de los itinerarios a través de las diferentes etapas educativas».

Es decir, lo decidido en Primaria marca el camino en Secundaria, de ahí que se tema otro retroceso del español, especialmente en zonas como las castellanoparlantes, donde el valenciano en las aulas tiene una presencia mínima, y en las escuelas con doble línea, opción que desaparece. Todos los alumnos se formarán con el mismo modelo.

«Defendemos otra ley, de todos y para todos. Estamos cansados de la política del rodillo llevada a cabo en materia educativa», señala José Antonio Rodríguez, presidente de Concapa. «No estamos en contra el aprendizaje en valenciano, pero no por encima o con voluntad de dejar en un segundo plano al castellano. Y se debe reconocer la diversidad lingüística de nuestras comarcas, siendo la lengua una elección de los padres», añade.

Por otro lado, las familias volverán a la calle en las próximas semanas con cinco manifestaciones. Cuatro están convocadas por la asociación Hablamos Español y se celebrarán en Valencia, Castellón, Alicante y Requena y Utiel el día 22. La quinta, aún sin fecha, se quiere organizar en Alicante de la mano del Foro por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular, conformado por Covapa, Concapa, Idiomas y Educación, Cece, Sociedad Civil Valenciana y Docentes por la Libertad Lingüística. En realidad se recupera la protesta que llegó a convocarse para el 7 de marzo de 2020, y que fue anulada por los organizadores ante la irrupción de la pandemia.