Padres y profesores presentan un recurso ante el TSJ por la imposición lingüística

Las asociaciones de padres de la Vega Baja y la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística han decidido presentar un contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) para frenar la imposición de los proyectos lingüísticos en los centros educativos de la Vega Baja.

Así lo anunciaron ayer representes de las dos entidades que criticaron, además, la Ley de Plurilingüismo porque «pretende extirpar el español de nuestro sistema educativo».

En concreto, el recurso se dirige contra las resoluciones de estos proyectos que fueron aprobados por la Conselleria de Educación sin el consentimiento de los padres.

Los proyectos son el documento en el que se recoge el peso que tendrá cada lengua oficial en las diferentes etapas con un mínimo del 25% de horas en castellano y valenciano y un 15% en inglés (10% en Bachillerato). Cada centro tenía que presentar el suyo aprobado por el consejo escolar. Con esta medida el peso del valenciano será cada vez mayor en una comarca, según recordó Álvaro Mellado de la asociación de Ampas de la Vega Baja, donde existe la exención lingüística.

Mellado explicó que los centros han rechazado estos proyectos porque establecen que una parte de las asignaturas sean en valenciano. En cambio, la Conselleria de Educación «los ha terminado por imponer» pese a la oposición de los padres.

Cerca de dos mil familias presentaron en su momento un recurso de alzada contra la resolución de la conselleria, «pero no se ha contestado ninguno», señaló Mellado. En esta línea, desde la Plataforma de Docentes consideraron que con esta posición se «desprecia a la Vega Baja».

Ante el silencio de la administración, las dos entidades han decidido acudir al TSJ. Consideraron que se están violando tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía. En este sentido, recordaron que el Constitucional ha señalado que «el castellano no puede dejar de ser lengua vehicular y de aprendizaje».

Para los demandantes «queda claro que Marzà, sin capacidad de justificar legalmente el atropello de las libertades que ha perpetrado, confía que el alto costo económico de un contencioso, última alternativa de las familias, haga desistir a los padres».

Los padres y los docentes han diseñado así una estrategia que consiste en presentar un número limitado de casos representativos ante el TSJ. Para sufragar la iniciativa y ante el alto coste, hicieron ayer un llamamiento «a todos los vecinos de la Vega Baja, padres o no de hijos afectados por la acción liberticida del Gobierno valenciano» para que contribuyan a hacer frente al gasto.

«Los hijos de la Vega Baja no se van a convertir en ciudadanos de tercera por la conveniencia de un Gobierno valenciano entregado al supremacismo pancatalanista», señalaron.

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