Protección de Datos pide restringir el uso de móviles y 'tablets' en colegios

España participa en el I Congreso de Protección de Datos de la Comunidad Educativa, que se extiende hasta este miércoles y que debe servir para plantear medidas de mejora para garantizar un derecho fundamental, el de la privacidad, bastante menos conocido que el resto, así como para analizar casos prácticos y resolver dudas sobre cuestiones siempre espinosas como el tratamiento de las imágenes o la difusión de información del alumnado. Y es que el ámbito educativo es especialmente complejo en este sentido, pues se manejan ingentes cantidades de datos sensibles que implican a menores de edad. El evento ha sido organizado por la Delegación de Protección de Datos de la Generalitat y se desarrolla en el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia.

«Según la última encuesta del INE sobre uso de internet en los hogares el 90% de los menores de diez años tienen acceso, siendo el 100% en el caso de los de 15. A un hijo de diez años no le ponemos una botella de whisky, le damos tabaco o preservativos y le dejamos que pruebe. Pero sí estamos dándoles un smartphone con barra libre», ha señalado durante la ponencia inaugural. «No poner límites en el uso de las herramientas digitales hará que paguemos las consecuencias», ha advertido.

Mar España ha hablado de la falta de percepción del riesgo, que no se desarrolla hasta los 25 años, y de los posibles efectos en el ámbito educativo, refiriéndose a estudios que alertan de que con el cambio de milenio el cociente intelectual está bajando, así como el nivel de lectoescritura. «Hay que hacer una evaluación del impacto en la privacidad, pero también de cómo está afectando al desarrollo cognitivo y a la salud el uso excesivo de las tecnologías», ha añadido, antes de poner un ejemplo. «No se autoriza una medicina hasta que se han hecho cantidad de pruebas, hasta se regula la seguridad de los juguetes, y sin embargo a nivel docente y también familiar estamos dando un juguete digital sin haber medido su impacto».

En este sentido, se ha referido a la campaña impulsada junto a la Asociación Española de Pediatría, que facilita a las familias información y planes de salud digital de la mano de los facultativos de referencia. «Desde la evidencia científica se establecen las horas máximas de uso desde un punto de vista de la salud física, mental, emocional y relacional. Para menores de dos años no debe haber exposición, y entre cinco y ocho un máximo de dos al día», ha explicado.

En la campaña se precisa además que no es recomendable superar este umbral en menores de edad, siempre referido a tiempo de ocio. Sin embargo, España ha querido hacer hincapié en el ámbito escolar, lo que entronca con una tendencia cada vez más en alza, como el creciente peso de la enseñanza mediante pantallas. De ahí su primera petición. «Necesitamos protocolos desde las consejerías de Educación para regular los usos máximos en el horario lectivo, incluyendo la realización de deberes, las extraescolares y teniendo en cuenta el tiempo de ocio», ha planteado.

En cuanto a los problemas en la salud derivados de la sobreexposición a las pantallas, ha destacado los más importantes -falta de sueño, ansiedad, impulsividad, disminución de la atención o dolores cervicales-, y a continuación ha llamado la atención del público con una afirmación contundente que le ha permitido introducir otros riesgos, ya más vinculados a la protección de datos personales: «Vamos a tener que empezar a dar clases de derecho penal a los niños de diez o doce años», ha dicho. Básicamente por la citada falta de percepción del riesgo.

«Si damos un móvil a un niño de diez años sin una pauta teórica y práctica, pasan casos como el de Almendralejo -difusión por parte de menores de desnudos de chicas creados con Inteligencia Artificial- en el que los chavales no saben que sus padres tendrán que pagar una sanción administrativa porque las familias son responsables solidariamente hasta los 18 años en relación a la protección de datos, o que con 14 años ya tienen responsabilidad penal, o que reenviar información sensible de compañeras de clase es un delito», ha explicado.

La directora de la agencia, en la parte final de su intervención, ha hecho un llamamiento a «gobiernos, industria, y familias» para que cada uno asuma su papel en la prevención y la difusión de información sobre los riesgos asociados a las tecnologías, antes de recordar que la AEPD ha suscrito la propuesta de pacto de Estado para la protección de los menores en internet y en las redes sociales, una iniciativa de la Asociación Europea para la Transición Digital junto a organizaciones como Save The Children, la Fundación Anar o Unicef. Entre las medidas, suscritas ya por 120 entidades, está limitar el uso de los móviles en los centros educativos y adecuar la utilización de dispositivos tecnológicos en el aula. Sobre la primera ha dicho que sólo dos autonomías prohíben el acceso con teléfono (Galicia y Madrid, mientras en la Comunitat la decisión entra dentro de la autonomía del centro), y que hay estudios que destacan la disminución «significativa» de los casos de ciberacoso. «He pedido públicamente que se estudie la prohibición, porque aunque no es ir a la raíz del problema sí minimiza su impacto», ha concluido.