Paula Hernández
Miércoles, 16 de agosto 2023
El polvorín de okupas que desde hace años amedrenta a los vecinos de la finca del número 262 de la avenida Constitución parece haber puesto por fin en marcha la maquinaria municipal. Tras incesantes quejas de los vecinos, denuncias por la inseguridad, constantes episodios ... de trapicheo de drogas y robos en una de las principales vías del barrio de Orriols, el Ayuntamiento de Valencia ha activado las primeras medidas efectivas. Después de que hace una semana el concejal de Seguridad y Movilidad, Jesús Carbonell, anunciara ya un refuerzo policial en la zona, en la mañana de este miércoles la acción del Consistorio ha dado otros dos pasos.
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Por una parte, la Policía Local, en colaboración con Iberdrola, ha procedido a cortar los enganches ilegales de los okupas a la red eléctrica. Además, el Ayuntamiento ha propuesto una multa de 3.001 euros a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), entidad propietaria del edificio, por el estado de insalubridad en la que se encuentra la finca ocupada ilegalmente.
La presencia policial no deja indiferente a todo aquel que pasea por la avenida. De la mano de su hija camina Javi mientras trata de distraer la atención de la pequeña del coche de policía estacionado frente a la finca okupada. Él cuenta con desesperación que tiene que ir detrás de su hija y su mujer «para que no le roben el bolso, o les hagan algo peor». Los hay que utilizan el portal de su finca para consumir drogas. «Algún día he tenido que tirarles bolsas de agua porque el olor se nos mete en casa y nos ahoga. Me da asco ver eso», confiesa.
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El miedo es tan grande que Javi no duda en sentirse aliviado por tener licencia de armas y una pistola escondida en un rincón de su casa. «No dudaré en proteger a mi familia del primero que entre por la puerta a hacerles daño. Yo iré a la cárcel y acabaré saliendo, pero ellos no volverán a molestar a mi familia jamás».
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La acción contra la Sareb supone, según el actual Consistorio, activar una resolución que el anterior gobierno de Joan Ribó paralizó hace seis meses. Abundante cantidad de basura, excrementos y proliferación de insectos como cucarachas, chinches y pulgas son algunos de los ejemplos que evidencian la insalubridad del edificio, calificado de «infracción grave» por Inspección.
«La finca no puede mantenerse en estas condiciones. Supone un problema de salud pública», ha manifestado el titular del Área de Seguridad y Movilidad. Él mismo ha vuelto a insistir a la SAREB, que consta en los registros del Ayuntamiento como propietaria, en la «necesidad de adoptar medidas».
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Asimismo, Jesús Carbonell ha destacado que el equipo de gobierno «está intensificando las medidas contra la ocupación ilegal para garantizar una buena convivencia». También ha anunciado que la Policía Local ha «informado a los habitantes de las alternativas que disponen, que pueden consultarlas en el área de Servicios Sociales».
Desde una de las ventanas de la casa de Concha se dejan ver los pisos de la finca 262. «Me levanto muchos días sobresaltada con gritos que dicen de todo menos guapa». La mujer de 84 años confiesa sentirse desamparada y tiene miedo de llegar un día a su vivienda y no poder entrar más. «Me gusta ver que está la policía porque parece que se comportan mejor». Concha ha perdido toda esperanza de que regrese la calma al que ha sido su barrio desde niña. «Vivo todos los días con una incertidumbre que me agobia y me hace pensar dos veces el salir de casa», dice al borde de las lágrimas.
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El concejal ha recordado que la semana pasada se reunió con los vecinos afectados por esta ocupación ilegal y se tomaron ya las primeras medidas como un refuerzo policial y tapiar una zona de la finca.
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