Los pueblos valencianos de los peores incendios del verano, sin planes contra el fuego

Según los datos más actualizados respecto al cumplimiento de estos planes, ninguno de los pueblos donde se iniciaron los fuegos más devastadores de este verano, el más trágico de la última década, disponía de PAM. El de Bejís fue el más grave de los incendios forestales que arrancaron a mediados de agosto. Arrasó 20.000 hectáreas y Emergencias considera recomendable que tenga un PAM. Pero no existía. La situación es calcada a la Vall d'Ebo, origen de un fuego con 12.000 hectáreas calcinadas, y les Useres, con 800 quemadas.

Pero hay un dato más grave si ampliamos la vista y contemplamos lo que sucede con estos planes a nivel global autonómico. En la Comunitat existen 133 pueblos que, por sus peculiaridades forestales, están obligados a elaborar un PAM porque así lo dicta la Emergencias. Ya no se trata aquí de una recomendación, sino de una imposición.

Pero ni con esas. La desobediencia es patente y la mayoría de esos municipios, en concreto 80, no lo tienen. Porcentualmente, un 70% de los obligados desobedecen al departamento de Justicia y sólo un 30% tiene los deberes hechos en forma de protocolo contra incendio forestal. Teóricamente, son los mejores preparados para responder ante un eventual desastre forestal y proteger a sus vecinos.

Hay situaciones realmente llamativas. Cortes de Pallás fue, en 2012, escenario del mayor incendio forestal de este siglo. Ya no en la Comunitat, sino en España. Ardieron 30.000 hectáreas durante casi una semana, con once municipios afectados. Sin embargo, en este pueblo Emergencias no considera el plan municipal obligatorio, sino recomendable. A día de hoy, Cortes de Pallás no cuenta con un PAM. Lo mismo sucede con Andilla, origen de un incendio que en ese terrible verano de hace una década se llevó por delante 23.000 hectáreas de monte. Recomendable y sin plan.

La Ley 13/2010 de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Generalitat es muy clara: «En el plazo de cinco años a contar desde la entrada en vigor de la presente norma todos los municipios deberán tener aprobados sus planes de actuación municipal (PAM) en caso de presentar riesgos específicos».

Pero hay más. La misma legislación autonómica considera infracción leve «no elaborar los planes de protección civil previstos». Y entre ellos están los de ámbito municipal. Se prevén multas de hasta 6.000 euros. De momento no hay constancia de que la Generalitat haya multado a los ayuntamientos que incumplen con los «obligatorios» planes locales contra el fuego.

Esta espinosa cuestión también se revolvió el jueves contra la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en la escena política. Fue cuando la mandataria compareció en Les Corts para explicar la actuación autonómica en los graves incendios de agosto.

El diputado de Ciudadanos (Cs) Eduardo del Pozo le afeó que gran parte de los municipios valencianos continúen sin tener implantados los planes. Si bien la obligación recae sobre los ayuntamientos es la Generalitat la que podría hacer valer su teórico poder para que la ley se cumpla. Por que, de lo contratrio, ¿qué sentido tiene la palabra «obligación» con estos protocolos?

El político de la formación naranja le preguntó: «¿Cómo puede ser posible que de los 30 municipios afectados por los incendios de este verano sólo cuatro de ellos cuenten con planes de actuación municipal frente a los fuegos?». Del Pozo recordó a Bravo que estos protocolos «son fundamentales para los expertos porque facilitan una respuesta temprana y dependen de su conselleria».