Los rectores exigen al Gobierno financiación extra para aplicar la nueva ley de universidades

Aunque este frente parece tranquilo, pues mientras no haya acuerdo existe el compromiso de Carlos Mazón de mantener las cuantías del presupuesto actual, nuevas incertidumbres acechan a las instituciones académicas. Especialmente por la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que recoge una serie de obligaciones en materia de personal pero no cómo se pagarán, pero también por los cambios en las cotizaciones a la Seguridad Social por todas las prácticas que realizan los estudiantes, sean remuneradas o no.

Que existe inquietud ha quedado patente este martes durante el traspaso de la portavocía de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Valencianas (CRUPV), que durante el próximo año ostentará Juan José Ruiz, máximo responsable de la Miguel Hernández de Elche. «Nos enfrentamos a un periodo en que comenzaremos a implantar la nueva ley con todas las incógnitas que siguen sin resolverse, que comienzan por la financiación que requiere la adaptación», tal y como ha señalado durante el acto. Por ejemplo, se ha referido «a la necesaria renovación de las plantillas docentes, que va a repercutir en el aumento de los costes a la Seguridad Social por parte de las universidades».

En realidad se trata sólo de la punta del iceberg, pues son varias las obligaciones que se derivan de la LOSU con el objetivo de, en el horizonte de 2030, reducir la precariedad o revertir los recortes de la anterior crisis económica. Para hacerse una idea, su coste se estima, como mínimo, en casi 70 millones adicionales en el caso de las instituciones valencianas.

La cifra se extrae del informe presentado el pasado diciembre por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), y se refiere a la necesidad de reducir al 20% el porcentaje de profesores con contratos laborales (sustitutos, visitantes o asociados que no sean de Ciencias de la Salud), lo que implica una inversión de 23,99 millones, y de limitar las horas lectivas de los docentes a un máximo de 240 (43,64). Estas medidas suponen la creación de nuevas plazas de ayudante doctor, el escalón de acceso a la carrera docente universitaria, con el consiguiente coste añadido.

Además, habría que añadir el impacto de la nueva tasa de reposición del 120%, que implicaría la contratación de un 20% más de profesores respecto a los que se jubilan. Y teniendo en cuenta que para muchos de estos las universidades no tenían que cotizar por ellos al estar incluidos en el régimen de clases pasivas, a diferencia de las nuevas incorporaciones para su sustitución. El estudio de la CRUE no territorializa este gasto añadido, que se sitúa para el conjunto de España en 195 millones, una parte importante de los 844 que, en total, se estima para la correcta implantación de la ley.

«Desde la CRUE y la CRUPV nos hemos quejado y seguiremos haciéndolo, porque se ha aplicado una ley sin consenso que genera costes y mayores obligaciones que debemos asumir, y sin que el Gobierno haya previsto esta financiación», ha proseguido el rector de la Miguel Hernández, que ha pedido a la Generalitat que les «ayude» a conseguirla.

En este sentido, según se recoge en el informe citado, la mayor aportación debe llegar del Gobierno como promotor de la ley, teniendo en cuenta además que las comunidades han sido protagonistas de casi todo el esfuerzo inversor tras la transferencia de las competencias en educación.

Ruiz se ha referido además a la necesidad de incrementar el esfuerzo en becas, apuntado también en el último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, y por otro lado, ha lamentado las dificultades que suponen las nuevas cotizaciones por las prácticas. «Las universidades ya venimos sufriendo el pago de las cuotas de la Seguridad Social de los estudiantes, de los que las empresas no se hacen cargo y que el Gobierno central tampoco ha contemplado en sus presupuestos, ni tampoco ha facilitado su gestión administrativa», ha dicho.

Sobre ambas cuestiones también ha hablado el portavoz saliente, José Capilla (UPV), quien ha destacado que el inicio del curso ha estado marcado «por la difícil, incierta y no adecuadamente financiada implementación de la LOSU», de ahí que haya pedido a la ministra Diana Morant una «aportación complementaria» para ello. También ha hablado de las «dificultades que la regulación estatal introduce para la gestión de las prácticas tanto curriculares como extracurriculares».

En el otro frente, el que de momento parece calmado, Ruiz ha dicho que «sigue siendo un objetivo principal«. Capilla ha suscrito sus palabras, antes de añadir que las universidades necesitan «estabilidad y certidumbre» para los próximos años.

Más allá del inicio de las negociaciones -las anteriores no llegaron a buen puerto tras desmarcarse la UPV-, lo único que se conoce que es que el futuro plan pivotará sobre una estructura similar: una financiación básica, en función del tamaño de cada centro, y una parte variable que dependerá de la consecución de determinados objetivos.