Los refuerzos especiales para alumnado vulnerable llegan a dos meses de que acabe el curso

El programa PROA+ tuvo en el 2020-2021 una primera edición financiada por el ministerio y el departamento autonómico, que resultó polémica porque en la Comunitat no se incluyó a los centros concertados por una cuestión de plazos, en el sentido de que no daba tiempo a que los profesionales se incorporaran antes de que finalizaran las clases.

El departamento justificó la demora de aquella convocatoria en que se había retrasado la transferencia de los fondos estatales, y en que para la autorización de nuevas plazas docentes se requiere previamente la creación de la dotación presupuestaria necesaria.

También defendió que la contratación en la concertada precisa de un proceso administrativo más laborioso. Así, sólo hubo docentes a disposición de los institutos públicos, llegando los primeros a partir del 1 del marzo y centrándose en atender a alumnado vulnerable de 1º y 2º de la ESO. La administración se comprometió a que si para el curso 2021-2022 el PROA+ seguía vigente se daría entrada a las escuelas privadas sostenidas con fondos públicos, como así ha sido.

La convocatoria actual es más ambiciosa, pues permite aplicar medidas en cualquier etapa, además de que tendrá continuidad hasta el ejercicio 2023-2024. Eso sí, es requisito para beneficiarse que las primeras acciones concretas se apliquen antes de las vacaciones de verano. La financiación en esta ocasión proviene tanto del Ministerio de Educación como de fondos europeos, dentro del paquete de inversiones aprobado para paliar los efectos de la pandemia.

Respecto a los inusuales plazos administrativos -en la práctica se han perdido bastantes meses de curso- fuentes de Educación explican que «se ha tramitado lo más rápido posible», aunque las convocatorias «no se han podido oficializar hasta que todos los fondos estatales han sido fiscalizados por Intervención de la Generalitat». Es decir, vuelve darse una situación parecida a la del ejercicio pasado. La previsión es que cuando se retomen las adjudicaciones continuas de plazas a la vuelta de las vacaciones, el próximo día 28, ya empiecen a incluir puestos del PROA+, incorporándose los docentes a los centros públicos al día siguiente.

29,7

En cuando a los concertados, la convocatoria va algo más retrasada, pues el plazo para presentar la solicitud de participación está abierto hasta el día 29. «Trataremos de resolver las subvenciones lo más rápido posible para que los centros tengan asignados cuanto antes los fondos para poder contratar al profesorado», señalan las mismas fuentes. Cabe recordar que en la red privada concertada son las titularidades las que se gestionan su propio personal, asumiendo Educación el abono de la nómina.

«La gran diferencia entre este curso y el anterior es que ya no es un programa anual, lo que impidió que pudiéramos incluir de forma efectiva a la concertada, sino que ahora el programa es para tres cursos (2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024). Pese a la complejidad en la tramitación inicial todos los centros que participan sí que contarán con el profesorado de refuerzo desde setiembre», concluyen.

Los plazos no son cuestión baladí, pues el plan obliga a aplicar algunos refuerzos este mismo curso, como dar clases con codocencia o implantar refuerzos extraescolares. Otras actividades a desarrollar a lo largo de todo el programa pueden ser tutorías individuales o entre iguales, medidas contra el absentismo, de mejora de la comprensión lectora o para fomentar la implicación de las familias en el proceso de aprendizaje, entre otras.

No todos los colegios podrán solicitar el profesorado adicional del programa PROA+, pues para participar en la convocatoria se exige el cumplimiento de uno de estos dos criterios: que se trate de una escuela rural o atienda una zona de población dispersa o que el porcentaje de alumnado vulnerable sea de al menos el 30%, entendiendo por ello a los que presentan necesidades de compensación de desigualdades, como las derivadas de pertenecer a familias en desventaja socioeconómica, o de carácter específico, como pueden ser estudiantes con un retraso madurativo o problemas de conducta. También se precisa que la solicitud la apoye al menos el 60% del claustro.

Para recibir los recursos adicionales se exige que los centros firmen un contrato programa con la administración donde figuren las diferentes medidas a aplicar, que también deben servir para la mejora de la inclusión y de la convivencia.

Desde las patronales concertadas Feceval y Escuelas Católicas coincidieron en hacer una valoración positiva pese a lo llamativo de los plazos para este curso. «Se ha cumplido el compromiso del año pasado», señalaron fuentes de ambas organizaciones, que aludieron al procedimiento administrativo para justificar las fechas elegidas.

En la misma línea se pronunció el sindicato FSIE CV -muy crítico con la exclusión de la red en el ejercicio anterior- cuando la convocatoria fue presentada en las mesas de negociación, si bien solicitó que la asignación presupuestaria fuera proporcional al peso de cada red.