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El pasado martes el Consejo Nacional del Agua aprobó una propuesta de decreto ley por la que se aumentará el caudal ecológico del Tajo a su paso por Aranjuez (lo que restará agua para el trasvase al Segura) en el caso de que no se logren unos objetivos de depuración y modernización de regadíos para mejorar la calidad del agua de aquí a 2027. En síntesis era la propuesta que el Gobierno valenciano y los socialistas murcianos había pactado con el Ejecutivo. Hasta ahí se seguía el guión establecido. Pero todo terminó con la intervención del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que introdujo la incertidumbre al afirmar que los caudales ecológicos se iban a aumentar sí o sí.
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Esta postura ha irritado y puesto en alerta a los regantes que exigirán al Consell que defienda su postura ante el cambio de criterio del ministerio y que ellos atribuyen a las presiones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. De hecho Castilla-La Mancha se ha congratulado del cambio de posición del Ministerio de Transición Ecológica y de que se aumentarán el caudal ecológico del Tajo.
Los regantes han perdido la paciencia y están organizado movilizaciones y concentraciones en defensa del trasvase, como explicaba ayer el presidente del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, quien también aseguró que están dispuestos allegar a los tribunales si el ministerio no aplica lo aprobado en el Consejo Nacional del Agua y aumenta los caudales.
Jiménez indicó que han pedido una entrevista con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para que les aclare la postura. Y es que el Consell tiene mucho que decir ya que o bien se cumple lo que pactaron con el ministerio hace apenas dos semanas o han resultado engañados lo que les dejaría en una difícil posición.
Por eso ayer fuentes de la Generalitat exigieron "de manera rotunda" el cumplimiento de lo aprobado por el Consejo Nacional del Agua, al considerar que ese acuerdo garantiza el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, una cuestión "prioritaria e irrenunciable" y subrayaron su "postura clara" de que "el caudal ecológico ha de estar vinculado a la calidad del agua".
Fuentes de la Generalitat advirtieron de que si se produjese algún cambio de criterio o "modificación" que "afecte a las disposiciones sobre los caudales ecológicos, recogidas en el proyecto de real decreto que ha sido enviado al Consejo de Estado", "alguien será el responsable y, desde luego, tendrá que dar muchas explicaciones al respecto".
La aplicación de los caudales ecológicos a su paso por Aranjuez, como parece que pretende hacer el ministerio respaldado por Castilla-La Mancha, supondrá la reducción de la transferencia de hasta 105 hectómetros anuales (un 40% respecto a este momento).
"Es una astracanada y vamos a pedir tanto al ministerio como a la Generalitat que aclaren qué es lo que está pasando", apuntó Lucas Jiménez.
Por su parte, el presidente del Partido Popular en la Comunitat, Carlos Mazón, denunció ayer que entiende que al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "le produzca urticaria y no quiera hablar de la guerra del agua" ya que considera que "se ha rendido", pero recalcó: "Yo estaré al frente de la trinchera y lucho por el agua que merece nuestra tierra". Por su lado, el Gobierno murciano anunció ayer que emprenderá acciones judiciales "si el PSOE no entra en razón" y no cumple lo acordado en el consejo.
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