Las residencias valencianas se concentrarán contra el nuevo decreto de dependencia

Al respecto, el presidente de Aerte, José María Toro, ha lamentado que a pesar de todas las reuniones con las diferentes Direcciones Generales llevadas a cabo para explicar «la gravedad» de la situación que generará este nuevo decreto, la conselleria se ha negado a llevar a cabo las modificaciones.

En ese sentido, critica que se reduce el importe que recibirán las personas que se incorporen al sistema a partir de ahora para ser atendidos en una vivienda supervisada de atención a salud mental. Hasta ahora se cubría el coste de la plaza en su totalidad, en torno a los 2.300 euros mensuales, y ahora se concederá solamente una tercera parte, 715 como máximo, lo que está «impidiendo a una gran mayoría de ellos ser atendidos por falta de recursos económicos». Además, esta situación está «impidiendo una correcta transición entre recursos en el proceso de rehabilitación de la persona».

Por otro lado, limita el precio de la plaza privada a través de la prestación vinculada de garantía, que queda por debajo del precio de muchas plazas de centros, lo que «impide a muchas personas acceder a esas residencias o viviendas tuteladas y les coarta su capacidad de elegir el centro más cercano a su vivienda».

Al mismo tiempo, no permite que las personas puedan acceder a una habitación individual o a servicios añadidos, si así lo desean, ya que la prestación vinculada de garantía prohíbe que paguen servicios por encima del coste de referencia. Este coste de referencia es inferior al precio que cobra una residencia y los usuarios no lo pueden igualar pagando una cantidad extra por lo que desde Aerte consideran que se está restringiendo la libertad de elección.

Además, desde Aerte destacan que el decreto exige nuevos requisitos para las residencias. Estas nuevas normas implican que las plazas se encarecerán para cumplir las nuevas exigencias. Pero tal y como señalan desde la patronal la ayuda que ofrece la Conselleria de Igualdad no cubre el importe total de la subida de precios que tendrán que hacer frente los propios usuarios.

En cuanto a otras prestaciones, no exige que los profesionales se acrediten para la prestación de asistente personal, algo que sí exige para las entidades, lo que «parece discriminatorio, aparte de que va contra la calidad de los servicios que se ofrece».

Asimismo, ha advertido de que «las grandes dudas» generadas por el proyecto de decreto de tipologías en recursos residenciales de mayores y de atención a la salud mental o de centros de día «amenazan la viabilidad de la red de servicios que atiende a personas en situación de vulnerabilidad de nuestra comunidad».

En concreto desde la patronal subrayan que la Conselleria de Igualdad ha reducido un tercio las ayudas económicas a personas con problemas de salud mental lo que provoca que no se pueda atender a muchos usuarios en los recursos que necesitan.

En concreto señalaron que si hasta ahora se cubría el coste de la plaza en una vivienda tutelada en su totalidad, a partir de este momento se reduce las ayudas una tercera parte, de 2.350 euros a 810. Han denunciado que todo lo que se consigue es impedir que muchos usuarios puedan acceder a uno de estos recursos.

Además, indica que para que puedan acceder a la ayuda máxima, como ha venido sucediendo hasta ahora, les exigen que sean atendidos en viviendas asistidas, una tipología «muy escasa» en toda la Comunitat. Por ello, advierte de que «solo permite atender a un número muy limitado de personas».

Al respecto, critica que esta clasificación de viviendas «está adaptada a perfiles de personas con un alto nivel de necesidades y no a la vida más independiente y autónoma de las personas que se han venido atendiendo hasta ahora, lo que resulta contraproducente desde el punto de vista de su rehabilitación».

Por todo ello, se concentrarán este jueves para mostrar su rechazo al decreto y pedir que una modificación para «prestar una adecuada atención en salud mental y dependencia».