La Conselleria de Educación abrió el debate sobre la regulación de los móviles durante el horario escolar a mediados de noviembre y un mes después ya tiene bastante clara su postura sobre cómo proceder a partir del próximo curso. Y salvo sorpresa mayúscula el ... uso personal de los dispositivos quedará prohibido en los centros valencianos de Primaria y Secundaria, como ya sucede en Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid y desde algunas semanas en Andalucía.
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Además de la valenciana, también estudian la medida Cataluña, Canarias o Murcia. La última administración en subirse la tren ha sido el Gobierno, que el miércoles cambió de criterio planteando a las comunidades, que tienen competencias para fijar sus propias regulaciones, un modelo consensuado para todas que impida su utilización en Primaria y sólo lo autorice en Secundaria cuando tenga una aplicación didáctica y así lo decida el personal docente.
En declaraciones a À Punt, Rovira ha valorado la propuesta de la ministra Pilar Alegría en la Conferencia Sectorial de Educación poco antes de participar en el pleno del Consell. Y ha dado a entender que la prohibición en la Comunitat es bastante probable, lo que no quita que se vayan a sentar con el ministerio en enero para debatir la propuesta de acuerdo. Es lo que se desprende de sus declaraciones, en el sentido de que sólo un pronunciamiento contrario de los expertos haría cambiar de opinión a los responsables educativos. Y la realidad es que la evidencia científica va en la misma dirección: restringir su uso es positivo, sobre todo a edades tempranas. En términos de salud, convivencia, seguridad, aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales.
«Todo apunta a que sí sería necesario, sobre todo en Primaria y en Secundaria, realizar esa prohibición. Todo apunta a ello, pero vamos a esperar a las opiniones de los expertos», ha señalado Rovira ante la pregunta de si el departamento estaba analizando la medida con el sector educativo. Sus palabras suponen un pasito más respecto a sus últimas declaraciones, realmente enmarcadas en el ámbito personal, cuando el pasado 4 de diciembre dijo que, a su juicio, su uso en los centros no era bueno.
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Sobre la propuesta de acuerdo lanzada por Alegría durante la Conferencia Sectorial del miércoles, el conseller ha criticado a la ministra por querer «desviar la atención» del asunto más polémico del orden del día: cómo gestionar las altas en la Seguridad Social de los alumnos en prácticas de FP, cuya cotización será obligatoria, en todos los casos, a partir del 1 de enero.
«Fue una larga reunión que sirvió para que la ministra, al más puro estilo Pedro Sánchez, negara lo que había dicho hace dos semanas. Y nos ha emplazado a hablar en enero», ha señalado el conseller. La idea del Gobierno es tener, para entonces, una propuesta más definida para poder pactarla con las diferentes regiones.
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El conseller también ha recordado que llevan tiempo trabajando en la cuestión de la regulación. «Hace unos días celebramos unas jornadas en la conselleria y con esas conclusiones queremos establecer un dictamen. Analizaremos muy bien cuáles son los pros y los contras con los expertos, que son los que tienen que opinar», ha destacado, antes de volver a la crítica política.
«La ministra nos sorprendió, pero lo hizo solamente para desviar la atención sobre un tema fundamental que llevábamos la mayoría consejeros en la cartera», en referencia a la cuestión de las prácticas.
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El conseller ha solicitado al ministerio una prórroga en la norma que obliga a todos los alumnos de FP a cotizar a la Seguridad Social por su prácticas formativas, un ruego que también trasladaron otras comunidades durante la Conferencia Sectorial, teniendo en cuenta que la medida entrará en vigor el 1 de enero. Sin embargo, el Gobierno no ha tenido en cuenta la propuesta.
A través del Real Decreto Ley 5/2023 las empresas e instituciones que colaboran en la formación práctica de alumnos universitarios y de FP deben darles de alta incluso aunque no perciban remuneración. El conflicto no es tanto económico (las cotizaciones están bonificadas al 95% y el 5% restante lo asumirá, durante 2024, el ministerio), sino en las dificultades que presenta el sistema de gestión. «El testeo ha demostrado que hay muchos fallos. La Comunitat es junto a Canarias una de las regiones donde se ha realizado un pilotaje y salen muchísimos errores. Por eso creemos que es necesario aplazar la medida hasta garantizar un sistema fiable y viable, aunque la ministra no nos ha escuchado», ha señalado el conseller a través de un comunicado.
«El propio director general de la Tesorería General de la Seguridad Social reconoció ayer miércoles que sigue habiendo muchas dudas y que en los próximos días las aclararán. Pero el 1 de enero entra en vigor esta medida, ¿cuándo va a hacerlo?», se ha preguntado Rovira, quien también ha mostrado su decepción por el resultado de la conferencia. «Fuimos a la reunión con el objetivo de que el ministerio prorrogara unos meses esta medida pero en lugar de querer abordarlo la ministra no le dio importancia e introdujo como tema la prohibición de los móviles, que ella misma había negado hace menos de tres semanas», ha declarado.
Por su parte, la portavoz del Consell, Ruth Merino, ha insistido tras el pleno en que la decisión todavía no está tomada, aunque se trata de una cuestión que preocupa. «Nosotros mantenemos la postura que ya avanzó el conseller Rovira tras un congreso, cuando dijo que el uso de los móviles podía estar detrás de casos de acoso, y que se iba a escuchar a los expertos, hablar con los centros y valorar todas las posibilidades», ha señalado a preguntas de los medios.
También se ha referido al giro del Gobierno, deslizando que no modificará la hoja de ruta de la Comunitat. «Quien parece que ha cambiado de opinión es la ministra, que hace unos días decía que era como ponerle puertas al campo y ahora pretende que todas las comunidades hagan lo que pretende. Después de decir lo contrario que antes tampoco tenemos mucha fiabilidad sobre qué va a hacer a continuación, así que nosotros seguimos en el mismo punto», ha concluido.
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Cabe recordar desde finales de 2022 los centros valencianos tienen autonomía para regular el uso del móvil. En cuanto a utilizaciones personales, la lógica indica que está prohibido en clase (salvo su aplicación pedagógica), pero sí hay muchos que lo permiten en los tiempos de descanso, lo que también puede ser foco de conflictos que, en primera instancia, tienen que ser atendidos por los equipos directivos y los responsables de convivencia.
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