D. G.
Lunes, 8 de agosto 2022, 15:48
Los profesionales sanitarios de todos los departamentos de salud valencianos ya disponen del protocolo que detalla cómo deben enfrentarse al actual goteo de casos de pinchazos a jóvenes en, principalmente, zonas de ocio y festivales de música; un documento que, además de detallar los pasos a seguir, establece que los sanitarios deben informar a la víctima «de la conveniencia de formalizar denuncia y la necesidad de ésta para continuar el proceso judicial, incluso en el caso de únicamente haber recibido pinchazo sin clínica de ningún tipo, ya que este también es un delito penal». Así, el protocolo deja en manos de las víctimas de pinchazos ponerlo en conocimiento de la Policía, aunque facilita los trámites. «En el caso de que la persona decida denunciar, se contactará desde urgencias con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes (si esto no se hubiese realizado con anterioridad a solicitar la atención médica)», como recoge el texto.
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De esta forma, la Conselleria de Sanidad da forma tanto al sistema de actuación ante estas nuevas situaciones como al sentir de los profesionales sobre la necesidad de denunciar todos los casos, tal y como expresaba en LAS PROVINCIAS Mercedes Álvarez, presidenta de la Asociación de Médicos Forenses de la Comunitat, cuando animaba a las víctimas a poner en conocimiento de los especialistas los hechos para poder investigarlos.
Además, y aunque el protocolo de actuación se centra en la sospecha de sumisión química, la conselleria distingue los pinchazos de los casos confirmados de administración de sustancias. Estos últimos se comunicarán al juzgado de guardia, órgano que «decidirá la necesidad de presencia de medicina forense para recogida de muestras y exploración, si procede (protocolizado en casos de sumisión química con agresión sexual). Estos últimos casos, en los que se incluyen sospechas de abusos sexuales, ya cuentan con un protocolo específico desde hace tres años.
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Esta distinción entre los pinchazos y la sumisión química confirmada responde también a que, por ahora, apenas en un caso detectado en Asturias se ha constatado que se había inoculado alguna sustancia -en ese suceso se trataba de éxtasis líquido inyectado a una menor-. En esta línea, el nuevo protocolo valenciano establece que, «si la víctima es menor de edad (no solo en caso de abuso o malos tratos), se actuará extremando su protección y se comunicará directamente al juzgado de guardia o a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También podrá solicitarse la intervención de la fiscalía de menores en casos de desamparo o vulnerabilidad extrema».
Sanidad, en el amplio documento, establece que en estos casos de sumisión los delitos más frecuentes son de índole sexual y la víctima es, en su mayoría, una mujer joven menor de 30 años. Apunta que las sustancias empleadas habitualmente son administradas vía oral, pero también pueden inyectarse por vía subcutánea o intramuscular. Son de acción rápida y de corta duración, y provocan amnesia, sedación, confusión alucinaciones o desinhibición. Se han descrito hasta una treintena de sustancias, como alcohol etílico, hipnóticos, metanol, cocaína, ketamina, burundanga y hasta disolventes, entre otros.
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El objetivo del protocolo es coordinar la actuación entre los profesionales sanitarios, médicos forenses, policía y entidades implicadas para «facilitar una respuesta integral sanitaria y judicial» y detalla cómo deben actuar los profesionales sanitarios.
Si la víctima acude al centro de salud «se remitirá sin demora al hospital», aunque los facultativos realizarán una asistencia médica inicial y valorarán el riesgo vital. Procurarán no retirar la ropa o cualquier efecto que porte la víctima garantizando su custodia hasta que llegue al hospital y avisarán al 112 para que se active el protocolo de asistencia y se remita un transporte sanitario para el traslado. La víctima también puede llamar directamente al teléfono de emergencias.
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Una vez en el hospital (donde la persona afectada también puede acudir directamente), y ya en el triaje de urgencias, se preguntará al paciente si es posible que «alguien le haya administrado alguna sustancia, por pinchazo u otra vía, y/o le ha sucedido algo sin su consentimiento susceptible de constituir delito». Estos pacientes deberán ubicarse en las áreas que les proporcionen la mayor privacidad posible. Si hay sospecha de sumisión química se llevará a cabo una recogida de muestras para tóxicos (orina, sangre y pelo, si fuese necesario) previa firma de consentimiento informado. Se llevará a cabo una exploración física y un parte de lesiones. Incluso se le advertirá de que «la información relacionada con el consumo de alcohol o drogas podría ser utilizada para socavar su credibilidad en un tribunal, pero también ser útil para documentar su vulnerabilidad». Se garantizará la cadena de custodia de las muestras y se valorará la necesidad de profilaxis postexposición.
La asociación AFAVIR nace con el objetivo de concienciar a la sociedad «de la terrible discriminación que sigue sufriendo la mujer sólo por el simple hecho de ser mujer». Una discriminación que hace que las jóvenes vivan con un miedo constante en el cuerpo cada vez que salen de sus casas.
El aumento de las denuncias de pinchazos en chicas durante las últimas semanas en la Comunitat ha hecho que se lleve a cabo un protocolo de actuación para que el personal sanitario atienda posibles casos de sumisión química.
Lucila, presidenta de la asociación AFAVIR y madre de Rocío López, víctima de violencia de género asesinada hace 14 años, considera que el protocolo «es razonable, pero sigue sin ser suficiente, se deberían tomar más medidas de seguridad para que esto no suceda», afirma la presidenta de la asociación.
«Los efectos tienen una duración de dos a tres horas, por lo que en el momento en el que la joven llegue al hospital ya puede haberle ocurrido de todo», asegura Lucila. Del mismo modo, afirma que es muy triste que siga pasando esto y que lejos de solucionarse, se den cada vez más casos. «Ya no sé qué más pueden inventarse para intentar maltratar a una mujer», explica la presidenta.
Asimismo, considera que es un riesgo muy grande al que se enfrentan las jóvenes actualmente y, «aunque en las discotecas aseguren que no hay riesgo porque está todo muy controlado, en lugares donde hay tanta gente es imposible impedir este tipo de actuaciones, hay muchos canallas que se creen que pueden hacer lo que quieran con las mujeres», indica la presidenta.
Por lo que algunas de las peticiones que propone Lucila son el cacheo en lugares donde haya afluencia de personas, así como aumentar el número de personal de seguridad en estos lugares para que esto «acabe lo antes posible, me pongo en la piel de las madres y es que alguna de esas jóvenes podría ser mi hija». Lucila no se rinde y sigue luchando día tras día por la seguridad de las jóvenes y para que en nombre de su hija se haga justicia y se pueda poner un punto final a la violencia de género.
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