Sanidad inicia el desmontaje del hospital de campaña de Valencia

La Conselleria de Sanidad ha iniciado el desmontaje del hospital de campaña instalado junto a La Fe. El departamento que dirige Ana Barceló se enfrenta a una multa de 30.000 euros por parte del Ayuntamiento de Valencia si no lo derribaba antes de fines de marzo por carecer de licencia.

Fuentes de la Conselleria de Sanidad han justificado la retirada de la infraestructura en que ante la evolución negativa de la pandemia se procede a su desmontaje. Además, según explicaron las mismas fuentes, la entrada en vigor de la resolución que aparca la mayoría de las restricciones coincide con la retirada de estas instalaciones tanto en Valencia como en Castellón y Alicante.

El hospital de campaña se anunció durante la primera ola de la pandemia para hacer frente a la demanda de camas que entonces amenazaba con colapsar los centros sanitarios. Pero su trayectoria ha estado rodeada por la polémica.

Desde el principio el hospital de campaña ha visto cuestionada su idoneidad para alojar a pacientes con todas las garantías. Distintos episodios de lluvias y viento lo pusieron de manifiesto, por lo que ni siquiera en la tercera ola, cuando se ocupaban cafeterías y capillas de hospitales para instalar camas, se pensó en él como una alternativa realmente viable.

Esta instalación ha llegado a albergar a 26 pacientes que tuvieron que ser desalojados en enero de 2021 cuando el temporal de viento amenazó con derribarlo. Tras las quejas de la mayor parte de los usuarios que albergaba en ese momento, se notificó de manera interna que se iba a trasladar a 20 pacientes a las instalaciones del antiguo hospital La Fe de Campanar «para mejorar su confort». El resto de usuarios recibieron el alta y ahí terminó la hospitalización de enfermos en este recurso. Es decir, apenas seis días de uso y una veintena de ingresos

A partir de entonces el principal uso al que se ha destinado este hospital es el de hacer PCR y colaborar en la campaña de vacunación del personal esencial (profesores y policías). La conselleria ya había contratado el desmontaje y depósito de las enormes carpas, algo que paralizó a la vista del súbito incremento de la incidencia por la variante ómicron, para el caso de que las instalaciones fueran necesarias, algo que no ha sucedido.

Aunque desde la Conselleria de Sanidad siempre han defendido que se han utilizado para la hospitalización de pacientes cuando ha sido necesario. Desde la Generalitat trasladaron en la presentación que estas instalaciones estaban pensadas para prestar servicio durante grandes periodos de tiempo y que contarían con las mismas prestaciones que uno de obra debido a la gran calidad de los materiales empleados, que permiten aislar el interior del exterior. Incluso indicaron que estarían formados por contenedores desplegables conectados entre sí mediante túneles para generar un aislamiento completo del exterior. Sin embargo, la lluvia y el viento demostraron que no era así.

Además, el hospital se ha encontrado con problemas de carácter legal. Un informe del Ayuntamiento de Valencia realizado más de un año después de su construcción constató que se trata de una instalación ilegal. Otro documento técnico municipal instó así a la entidad responsable a «legalizar» la instalación y las obras necesarias. En otras palabras, se reclamó la solicitud de la licencia de obras y la de actividad tras constatar que la instalación carecía de ellas.

Especialistas consultados por LAS PROVINCIAS en su momento explicaron que el hospital de campaña levantado en Valencia también presentaba deficiencias en la climatización (puesto que se instalaron equipos utilizados para la celebración de eventos en carpas), los recorridos y vías de evacuación no eran los adecuados, la cantidad de baños y duchas eran insuficientes, sobre todo de baños adaptados, y faltaban zonas de descanso para el personal.

La Inspección de Prevención de Riesgos Laborales constató también las deficiencias que presentaba el recinto y hasta salió a la luz que no contaba con las plazas UCI que contemplaba el contrato.

Además, la construcción de esta infraestructura también ha generado un conflicto económico. El gerente de Hispano-Vema, José Antonio Navarro Moreno, la empresa contratada para la instalación de estos tres dispositivos tuvo que reclamar el pago de más de ocho millones de los 15,5 que costaron la tres infraestructuras (la de Valencia junto a las que se levantaron en Castellón y Alicante).

El hospital de campaña también se vio como protagonista de un incidente durante la vacunación con AstraZeneca a profesores y maestros. Y es que la inmunización de este colectivo se vio frenado abruptamente cuando se decidió parar la inoculación de las dosis de esta firma ante las dudas sobre posibles efectos secundarios.

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