Sanidad cifra en casi 500 millones de euros la deuda de las concesionarias

Este tira y afloja entre la Administración autonómica y las compañías concesionarias tiene mucho que ver con el retraso, cercano ya a una década, acumulado en las liquidaciones anuales que deben suscribirse en función del servicio prestado, bien a favor de la Conselleria de Sanidad o de las empresas que dirigen estos departamentos. Las discrepancias de criterio y la interposición de recursos administrativos o judiciales vienen lastrando la posibilidad de que ambas partes lleguen a acuerdos sobre los montantes a abonar o recibir en cada caso, mientras que el paso del tiempo corre en contra de estos acuerdos y podría hacer, incluso, que prescribieran.

En concreto, según recoge el informe de fiscalización de la cuenta de la Administración de la Generalitat elaborado por la Sindicatura de Comptes de la Comunitat, hasta octubre de 2021 (última actualización disponible), la Conselleria de Sanidad tenía 41 liquidaciones pendientes de los cinco contratos de concesión administrativa para la prestación del servicio de asistencia sanitaria integral suscritos en los departamentos de la Ribera, Torrevieja, Dénia, Manises y Elx-Crevillent, algunos de ellos desde 2009, hace ya 13 años. En total, y según los cálculos que maneja Sanidad, las concesionarias deben en global algo más de 490 millones de euros, cifra que no tienen ni mucho menos tan clara las compañías.

De hecho, el propio informe de la sindicatura asume que los importes a liquidar estimados por la conselleria «pueden verse afectados por las distintas fases de tramitación en que se encuentran las liquidaciones, así como por la documentación justificativa de los gastos a indemnizar, a presentar por las concesionarias». Además, agrega, «hay que tener en cuenta las discrepancias de criterio actualmente existentes y las elevadas probabilidades de interposición de recursos administrativos y contencioso-administrativos ante los tribunales de justicia, con posible efecto en los importes y plazos de las liquidaciones».

Además, y ante esta situación, el documento advierte de que, en la medida de lo posible, «los órganos gestores responsables deben agilizar la tramitación de las liquidaciones de los contratos de concesión administrativa para la prestación del servicio de asistencia sanitaria integral, a fin de evitar una posible prescripción del derecho a liquidar o la caducidad de los procedimientos de liquidación». Si se diera este caso y las liquidaciones reales se acercaran más a los planteamientos autonómicos, las arcas públicas podrían dejar de ingresar importantes cuantías, con el consiguiente perjuicio para el erario público.

Por su parte, fuentes de las concesionarias aseguran que llevan años reclamando el cumplimiento del contrato, ya que consideran que este gobierno «ha incumplido sistemáticamente el contrato concesional para desprestigiar el modelo, creando inseguridad jurídica, además de mostrar un enorme desprecio al sector privado y una falta de diálogo constructivo, que es clave en las relaciones entre la Administración Pública y las entidades privadas». «Y por supuesto y lo más importante, es que el mayor perjudicado por el mal uso de los recursos públicos por parte de la Administración es el propio ciudadano», aseveran.

Por departamentos, uno de los más afectados es el de Manises, dirigido por Sanitas. En este caso, están pendientes todas las liquidaciones desde 2009 por un importe a favor de Sanidad de 373,1 millones de euros según los cálculos de la propia conselleria. A este montante hay que restar los 92,6 millones que el área dirigida por Ana Barceló adeuda a la concesionaria en concepto de expedientes de enriquecimiento injusto por servicios y suministros asumidos por la empresa gestora, por lo que la cuantía total rondaría los 280 millones.

La compañía no quiere polemizar al respecto, pero desde la dirección aseguran que hay que tener en cuenta que «la asistencia sanitaria en el departamento de salud de Manises se produce en una situación de incertidumbre total, donde tenemos un compromiso de prestar asistencia sanitaria, un compromiso de inversión de 137 millones de euros, pero una falta de liquidaciones desde 2009 no efectuadas que impide conocer la rentabilidad del proyecto».

En el caso del departamento de Elx-Crevillent, con el hospital del Vinalopó a la cabeza y gestionado por Ribera Salud, las liquidaciones pendientes se remontan hasta 2010 y ascienden a 92,1 millones, aunque es necesario restar los 26,1 millones contemplados en los expedientes de resarcimiento, por lo que la cifra a favor de Sanidad (siempre según los cálculos de la conselleria) asciende a 76 millones de euros.

En el otro extremo se encuentra el departamento de Torrevieja, el último que ha pasado a la gestión directa. Tras un proceso salpicado de demandas judiciales, quedan pendientes las liquidaciones desde 2013 que, en esta ocasión, sí arrojan un saldo favorable para la concesionaria que roza los 41 millones de euros (33 por las liquidaciones y 7,9 por los expedientes de resarcimiento).

Tampoco se libra el de la Ribera, el primer área de salud en ser revertida y que lleva desde 2018 bajo la tutela de la Generalitat. En este caso quedan pendientes las liquidaciones de 2016, 2017 y 2018 por un montante de 84,8 millones de euros, a los que hay que restar 200.000 euros por expedientes de resarcimiento.

Y por último Dénia, el área de salud que más quebraderos de cabeza provocó al Consell a finales de la pasada legislatura cuando desde la Generalitat trataron, sin éxito, de asumir el control antes de que expirara el contrato. En este caso, Sanidad calcula que, de las liquidaciones pendientes desde 2014, la concesionaria debe abonar 122,3 millones de euros, aunque habría que restar 21 millones por los expedientes de resarcimiento.