El Síndic carga contra Educación por alargar los impagos a los nuevos profesores de la Comunitat

El Defensor del Pueblo, en una resolución conocida este ejercicio a raíz de las reclamaciones de afectados recibidas en los últimos meses, considera que se lesiona el derecho a la igualdad -al fin y al cabo desarrollan las mismas funciones que un funcionario de carrera o un profesional temporal- y critica especialmente que la solución, una normativa que dé cobertura jurídica a estos abonos, lleve pendiente doce años.

La institución valenciana habla de «inactividad» de la administración e insta a Educación a «impulsar, con la mayor diligencia y celeridad que permita el ordenamiento jurídico», el citado desarrollo legal, así como a articular las gestiones administrativas necesarias para su pronto pago una vez aprobado. También pide que se valore incluir efectos retroactivos «a fin de evitar la vulneración ya producida del derecho a la igualdad retributiva».

El problema se remonta a 2010, cuando se aprobó la ley de la Función Pública Valenciana, que aunque contempla el pago de estas retribuciones al profesorado en prácticas fía su efectividad a la creación de un desarrollo reglamentario posterior. Cuando la ley se modificó en 2021 este apartado se mantuvo sin cambios, y sin embargo, no se aprobó el decreto necesario que posibilite el pago de oficio.

En su respuesta al Síndic la administración replicó que cuando se tramitó la ley ya defendió que el articulado debía dar cobertura a estos abonos para evitar esperar a una norma posterior, y que al no tenerse en cuenta su alegación no puede abonar los complementos salariales, al ser objeto de reparos por parte de la Intervención de la Generalitat al no existir el instrumento jurídico que lo posibilite. La conselleria también rechaza las críticas de inactividad administrativa, al considerar que el desarrollo normativo debe partir del departamento de Hacienda. Eso sí, reconoce que a finales de junio se iniciaron los trámites para sacarlo adelante desde la propia conselleria que dirige Raquel Tamarit.

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En su resolución el Síndic recuerda a Educación que la administración pública actúa bajo el principio de personalidad jurídica única, le llama la atención sobre el hecho de que pese a atribuir la competencia a otro departamento a continuación reconoce que ya ha empezado a tramitar el decreto y concluye que «la realidad es que durante más de doce años unos complementos reconocidos por ley a personal funcionario no han sido abonados, con independencia de la distribución de competencias».

En la actualidad, y a la espera de la solución, un afectado debe pedir formalmente que se le reconozcan los complementos, aunque ya los tuviera como interino, y tras la negativa de Educación presentar recursos por la vía administrativa y posteriormente por la judicial. Desde el STEPV, el sindicato mayoritario en la enseñanza pública, señalan que el último compromiso de la conselleria es que el decreto esté aprobado antes de fin de año.