El Síndic presiona a Educación para resolver los impagos a los profesores de centros concertados

El Síndic de Greuges ha solicitado a la Conselleria de Educación datos concretos sobre los impagos de nóminas a maestros y profesores de los colegios concertados en el marco de la investigación iniciada tras las quejas recibidas. Exactamente reclama información sobre las comunicaciones que tengan que ver con incidencias en los pagos enviadas por las titularidades de los centros, que aunque no asumen la retribución de sus profesionales sí realizan toda la tramitación administrativa.

Como informó LAS PROVINCIAS hay docentes que no han cobrado ningún salario desde septiembre, lo que ha derivado en una oleada de quejas por parte de patronales, sindicatos y familias del sector. Las casuísticas son diversas, pero se centran en nuevas incorporaciones, por ejemplo del programa de refuerzo para alumnado con necesidades de apoyo, cambios en los contratos de los profesionales, sustituciones o actualizaciones de complementos retributivos (de cargo o trienios).

La resolución que marca el arranque de la investigación por parte del Síndic, a la que ha tenido acceso este periódico, se refiere tanto al escrito que le trasladó el sindicato FSIE, que hablaba de 350 docentes sin cobrar a finales de febrero, como a las quejas de afectados presentadas a título individual. «Es claro que la tardanza en el abono de las retribuciones genera graves problemas tanto al profesorado afectado como a sus familias», dice el Defensor del Pueblo, que justifica su intervención en que la situación «puede suponer una vulneración del derecho a una buena administración», recogido tanto en el Estatuto de Autonomía como en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

La institución solicita a la conselleria un informe «detallado y razonado» sobre «los hechos que motivan la apertura de la investigación» junto con «una valoración de la posible afectación de los derechos invocados». En particular, reclama datos concretos sobre las altas y bajas comunicadas a la Seguridad Social por parte de las titularidades durante el presente curso, el número de las que se encuentran en trámite, las que se han resuelto y las comunicaciones presentadas para que sean subsanadas. Es decir, de esta información se podrá extraer la cantidad concreta de docentes que se han visto afectados por los impagos en las diferentes casuísticas citadas.

La conselleria siempre ha defendido que se trata de situaciones puntuales que se han producido por errores en la documentación aportada por los docentes o por los centros, y que se trabaja con las patronales para detectar casos y proceder a su abono.

Por contra, desde el sector se pone el foco en la falta de personal en los servicios encargados de la gestión de nóminas, carencia que se ha podido ver influenciada por el azote de la pandemia, en el sentido de provocar bajas que retrasan las gestiones que corresponden a la administración.

La resolución también pide a Educación que explique «las causas que han justificado el no abono de las nóminas del personal», las medidas adoptadas para subsanar el problema, la previsión temporal para el pago de los atrasos o las medidas que se vayan a adoptar para que no se vuelvan a dar el próximo curso.

En resumen, el informe que Educación debe remitir al Síndic arrojará luz sobre la afectación de un problema que no es nuevo, aunque este curso la demora se ha prolongado mucho más que en ejercicios anteriores. También ha sucedido entre docentes de la red pública, especialmente con los interinos que se incorporan a principios de curso

Los sindicatos confiaban en que los impagos quedaran resueltos con la nómina de febrero, pero no ha sido así. «Somos conscientes de que desde la administración se han tomado medidas de agilización, pero seguimos teniendo casos de impagos desde septiembre, sustituciones sin abonar y trienios sin actualizar», explican desde FSIE, que exige la liquidación de la deuda en la próxima nómina, especialmente de los casos más graves, y el «compromiso firme» de Educación de hallar una solución permanente.

«Un mes más constatamos que la administración no ha regularizado correctamente el salario de la mayoría de los afectados», añaden desde la Federación de Enseñanza de USO CV, que estima en un 30% las incidencias solucionadas. La organización también lamenta que la situación esté obligando a los trabajadores a «interponer demandas para poder cobrar sus salarios».

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