«Tengo que cerrar mis dos viviendas tuteladas»

En concreto, tal y como detallan desde Aerte, la Comunitat cuenta actualmente con 130 viviendas tuteladas de salud mental con unas 795 plazas, y asistidas por unos 455 profesionales. Son de tres tipos: asistidas (para usuarios con necesidades de supervisión extensa), supervisadas (para casos con necesidad de supervisión parcial o limitada, pero con autonomía), y supervisadas de promoción de la autonomía (con carácter temporal y para perfiles muy autónomos). «Hasta ahora, la Administración daba una ayuda máxima a las personas atendidas en cada una de ellas de 2.350 euros, aunque muchas de esta viviendas tenían un precio por plaza que no llegaba a ese importe». Sin embargo, desde el 12 de agosto, y con la aprobación del nuevo decreto, «sólo cubre 810 euros, como máximo, de cada plaza» en las viviendas supervisadas, señalan. Así, y para poder optar al total de la ayuda, la conselleria exige que las viviendas supervisadas se conviertan en asistidas, lo que se traduce en un incremento de personal y de espacio, puesto que estas últimas son, como mínimo, de seis plazas.

«El problema surge porque, con 810 euros por usuario, no se cubren ni los costes de personal, y las personas usuarias no pueden copagar nada. Esto aboca al cierre de las viviendas porque son inviables», resumen desde Aerte, que insisten en que «la opción de convertirlas en asistidas, aparte de que económicamente no se cubren los costes, en 34 de ellas es imposible, puesto que cuentan con cuatro o cinco plazas y no pueden solicitar el cambio», dado que el mínimo son seis plazas.

Y en esta situación se encuentra José Luis, que espera las indicaciones de la conselleria para proceder al cierre de las dos viviendas que gestiona, con cinco plazas cada una y atendidas por cinco profesionales (tres terapeutas ocupacionales, un trabajador social y una psicóloga). Hasta ahora, por cada usuario recibían 2.350 euros de la Administración regional y con esos importes se hacía frente a las nóminas de los cinco trabajadores, al alquiler de los inmuebles y a la manutención de cada persona atendida. Pero si esa cifra se rebaja hasta los 810 euros «no puedo pagar los 2.000 y pico euros de la nómina de cada profesional, además del alquiler, la comida, los seguros... es imposible», lamenta este especialista.

Estas viviendas están atendidas permanentemente por los trabajadores de 8.00 a 22.00 horas (siempre hay alguien de guardia por la noche), profesionales que se centran «en el cuidado del usuario, en acompañarle a los servicios que tiene que ir cuando lo requiere, a la hora de cocinar, de la limpieza de la casa... Es un entrenamiento para que puedan vivir solos». Suelen contar con usuarios afectados por esquizofrenia, trastorno de la personalidad y/o adicciones y llevan funcionando unos cinco años, en los que han atendido a una veintena de personas que han permanecido cada una de ellas en la vivienda unos tres años, de media.

Frente a ello, Mercé Martínez i Llopis, directora general de Atención Primaria y Autonomía Personal, ya puntualizó a mediados de septiembre, como recogió LAS PROVINCIAS, que no se han reducido las ayudas que recibe el usuario de viviendas tuteladas, sino que, en las que son de promoción (supervisadas) se otorga una parte para la vivienda y, el resto, se compatibiliza con asistencia a los centros de día y con poder contar con un asistente personal. Por tanto, «pueden tener más de un recurso llegando a 2.350 euros», agregó, para recordar también que esa ayuda sí puede alcanzar esa cuantía en viviendas asistidas. Por tanto, «se reordena y se atiende a cada uno de forma individualizada». También señaló que «el mercado estaba desorganizado y había viviendas con usuarios con un soporte de pocos profesionales cobrando lo mismo que otras viviendas con usuarios que tenían más ratio y más soporte. Y se ha reordenado para los que tienen poco soporte puedan tenerlo fuera del centro, porque tienen mucha autonomía, y los que necesitan más soporte, que se acrediten para tener ese soporte».

Sin embargo, y al respecto, desde Aerte agregan que desde el punto de vista de la rehabilitación, «no tiene sentido que una persona atendida en una vivienda supervisada pida un asistente personal u otros recursos de promoción de la autonomía, como dice la conselleria, cuando ya tiene a esos profesionales a su disposición». «Y tampoco es bueno que las personas con problemas de salud mental con alto nivel de autonomía tengan una presencia constante en la vivienda porque el mensaje que se les transmite es que deben estar supervisados constantemente», añaden.

Además el mensaje lanzado desde que el Botànic llegó a la conselleria es que el modelo de atención debía ser comunitario y apostaba por las viviendas tuteladas. Desde 2015 se han puesto en marcha 107 gracias a «un esfuerzo de colaboración público-privada extraordinario, mérito en gran parte de la conselleria con la financiación que decidieron, pero ahora cambian el modelo, desde el desconocimiento, poniendo en riesgo la red creada, en vez de corregir los errores puntuales que podían existir».