El 'Titanic' de la pandemia

Rodríguez de Blas ha presentado en Valencia el informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social en la Comunitat. La conclusión de esta investigación de Cáritas -realizada por 30 expertos a partir de 7.000 entrevistas en toda España de las que más de 600 se han efectuado en territorio valenciano- es que la exclusión social no se ha ensanchado pero sí se ha agudizado y ahora afecta a 94.000 personas más que en 2018.

Uno de los efectos es que la desigualdad social se ha disparado y ha crecido tanto en un año como durante toda la crisis de 2008. Por un lado, se encuentran quienes han conseguido mantener el trabajo durante este periodo y por otro, los que se enfrentan a situaciones de desempleo sin protección social o de un empleo reducido en jornada o en remuneración.

En términos de renta la desigualdad ha aumentado más de un 33%, según Rodríguez de Blas que ha explicado la situación con un ejemplo muy gráfico. Si se dividiera la sociedad en cinco plantas y los del primero fueran las rentas más bajas «los que más ingresos han perdido han sido los del primero mientras que los del quinto los han ampliado».

Todo ello ha llevado a que el 62,5% de las familias valencianas sufre algún tipo de exclusión. Además, otra de las consecuencias ha sido que los afectados por la pobreza severa han aumentado un 35%, en 730.000 personas, y la privación material severa se ha duplicado en un periodo muy corto.

Pero existen otras dimensiones sociales de la desigualdad como son las oportunidades educativas o tecnológicas. De esta forma, la brecha digital afecta a uno de cada tres hogares y ha duplicado su incidencia (2 de cada 3) para los que se encuentran en exclusión severa.

En la Comunitat se han detectado tres brechas activas y que se hacen más profundas. Una es que la crisis está feminizando el espacio de esa exclusión ya que desde 2018 se ha multiplicado por tres hasta afectar al 27,5% de los hogares donde la persona sustentadora es una mujer frente al 18% donde esa figura es la de un hombre.

Por otra parte, casi la mitad de los hogares encabezados por una persona de origen extranjero se encuentran en riesgo de exclusión, casi tres veces más que los que están encabezados por alguien de nacionalidad española.

La tercera brecha que se ha descubierto es que uno de cada tres jóvenes entre 19 y 29 años, y es un perfil novedoso respecto a otras ediciones, está afectado por diversos procesos de exclusión social lo que les impide realizar proyectos de vida como independizarse del hogar paterno.

La crisis social y económica derivada de la pandemia ha profundizado unas tendencias que ya existían antes. Por una parte, las condiciones de trabajo han empeorado lo que ocasiona más trabajadores pobres y menos realizados social y personalmente.

Además, durante la crisis la precariedad laboral se ha duplicado y alcanza a más de 280.000 hogares (14%) que dependen económicamente de una persona que sufre inestabilidad laboral grave -que ha tenido desempleo durante tres o más meses o más de tres contratos diferentes-.

Por otro lado, las barreras para acceder al trabajo se han hecho mayores para una parte de las personas desempleadas de forma que el sustentador se encuentra en paro de larga duración en 65.000 familias y el desempleo total familiar casi se ha duplicado. En esta línea, hay más de 185.000 núcleos familiares donde todos los miembros están sin empleo. Es cierto, según señala Rodríguez de Blas, que la protección social ha aumentado pero 76.000 familias carecen de algún tipo de ingreso periódico.

Pero los efectos de la crisis no sólo se miden en términos de empleo. Otros dos factores se han introducido y las dimensiones de la salud y la vivienda afectan al 21% y 19% de la población respectivamente.

De esta forma, más de 260.000 hogares (12%) no pueden acceder a los fármacos que precisan por problemas económicos. Por otra parte, la pandemia ha generado problemas de salud mental y los que sufren un trastorno o dificultad se han incrementado un 280% respecto a 2018 alcanzando al 17% de la población valenciana.

La combinación entre los altos precios de la vivienda y los ingresos estables hacen que más de 225.000 familias, una vez pagado el alquiler o la hipoteca, se quedan en situación de pobreza. Además, se ha duplicado el número de hogares -de 46.000 a 122.000- que han sufrido retrasos para pagar algún gasto de la vivienda.

El director de Cáritas en Valencia, Nacho Grande, ha presentado un decálogo de propuestas para realizar las modificaciones necesarias en el sistema de protección social. Estas van desde mejorar la cobertura y aplicación del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Valenciana de Inclusión hasta reducir la precariedad laboral y el desempleo de larga duración pasando por avanzar hacia servicios sociales adaptados a la realidad.