El tráfico en la AP-7 se dispara entre quejas al presupuesto de conservación

Es la alerta que lanzan entidades como la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana y la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET), que también recuerdan la necesidad de ejecutar un tercer carril de incorporación en aquellos puntos más conflictivos o las conexiones (o peines) con los municipios.

Un incremento de tráfico que se ve reflejado en las estadísticas que maneja el Ministerio de Transportes, donde, por ejemplo, se observa que la intensidad media diaria (IMD) de vehículos entre enero y agosto de este año ha aumentado un 50,38% para el tramo Tarragona-Valencia y un 68,32% para el Valencia-Alicante en la comparativa con el mismo periodo de 2019 (los datos de 2020 y 2021 no se consideran representativos por las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia de Covid).

Y es la circulación de vehículos industriales la que se ha disparado, como han comprobado los usuarios de la autovía este verano. Incluso se ha duplicado en el tramo que discurre entre Valencia y Alicante, con un incremento del 143,33% en la comparativa de los ocho primeros meses de 2022 respecto a 2019, según los datos facilitados por el ministerio. De los 1.230 camiones contabilizados entre enero y agosto de hace dos años a los 2.993 de este ejercicio. En el caso del Tarragona-Valencia, el porcentaje de pesados ha subido un 63,80%.

Ese incremento en el número de vehículos pesados, con los consiguientes problemas puntuales de capacidad y fluidez en la vía –especialmente en la provincia de Castellón–, llevó al departamento que dirige la ministra Raquel Sánchez a licitar el pasado julio un proyecto para implantar terceros carriles entre Castellón-Les Alqueries y Moncofa-Almenara para mejorar la circulación. Se incluirá, además, apartaderos para la detención ocasional de los camiones en condiciones de seguridad. En total, una inversión de 40,3 millones para las obras a lo largo de 11 kilómetros.

En este sentido, los contratistas recuerdan la necesidad de dotar de mayor presupuesto a la partida de conservación, tanto la de la AP-7 como el resto de carreteras de la red estatal en la Comunitat. «Se han asumido 373 kilómetros y, sumado a que nuestra IMD es un 15% superior a la media nacional, es evidente que los gastos de mantenimiento (reposición de firmes, señalización horizontal y vertical, limpieza, etc. han de ser mayores», apuntan.

Actualmente, según los PGE de 2022, la partida total de conservación para las carreteras valencianas es de 99,22 millones. En el caso de la AP-7, a finales de 2020, se adjudicaron los contratos para dos años por valor de 37,6 millones (9,47 para Alicante, 8,59 para Valencia y 10,75 para Castellón). Además, se ha sacado otro de un millón de euros para rehabilitar el firme de esta autovía entre Silla y Almussafes.

«La vía es notablemente insuficiente. Probablemente sea de las que más tráfico lleve de toda España y no estaba preparada para asumir el desvío del tráfico pesado», reconoce Juan Ortega, vicepresidente de los transportistas valencianos, que alerta de la saturación existente sobre todo en la zona industrial de Tarragona y Barcelona. «Todos los días hay accidentes y eso provoca retenciones y, por tanto, retrasos en las entregas», explica.

Aunque el estado de la vía «no está tan mal como en Andalucía» sí que reclama que se acometan mejoras. Entre ellas, más espacios para que los transportistas puedan detenerse a descansar y mayor seguridad en las áreas de servicio para evitar robos. «Las que existen son pequeñas e insuficientes», lamenta Ortega.

También el presidente de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras, Pablo Sáez, incide en que la liberalización de peajes en España «ha llevado a un notable incremento de tráficos» y sigue «sin ser suficiente» el presupuesto estatal de conservación por al aumento de kilómetros que ahora dependen del ministerio. Reconoce que el esfuerzo que se ha hecho por aumentar la partida (de 970 a 1.370 millones) pero «no se ha recuperado el déficit de otros años». «La falta de conservación influye en el incremento de costes asociados a la circulación (deterioro de ruedas, consumo de combustible, contaminación atmosférica, etc.) y no se debe olvidar la relación con la seguridad vial», reflexiona.