![Conselleria de Sanidad | Tres de cada cuatro refuerzos para ambulancias anunciados por la conselleria son conductores](https://s2.ppllstatics.com/lasprovincias/www/multimedia/202211/21/media/cortadas/ambulancia-RL6DFYCF2fIYtaRy6iPsilO-1248x770@Las%20Provincias.jpg)
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La Conselleria de Sanidad difundió el pasado sábado que, desde septiembre, ha incrementado los recursos del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana (SESCV) con 17 nuevas unidades. Al respecto, desde el departamento destacaron que, para dar respuesta «a este importante refuerzo de ... los recursos sanitarios de emergencias extahospitalarias, la conselleria ha aumentado la plantilla de personal en unos 125 trabajadores más, entre los tres ámbitos profesionales, que forman los equipos con los que están dotadas las diferentes unidades. Estos son, médicas y médicos, enfermeras y enfermeros».
Sin embargo, este anuncio «no soporta un básico análisis», advierten desde el Sindicato Médico de la Comunitat (CESM-CV). «De esos 125 nuevos contratados anunciados, la inmensa mayoría (92) son Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES), es decir, los antiguos conductores-camilleros; y todos ellos subcontratados a empresas privadas con condiciones laborales, tanto en retribuciones como horas trabajadas, en clara inferioridad a los TES dependientes directamente de la conselleria. El resto del anunciado incremento corresponde a 21 enfermeros, y sólo 12 médicos. Estos profesionales sí están contratados directamente por la conselleria». Por tanto, tres de cada cuatro refuerzos son conductores de ambulancias.
Además, respecto a las 17 ambulancias asistenciales anunciadas para ser movilizadas por el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), desde la formación precisan que diez son ambulancias no asistenciales, «ya que son ambulancias tipo A, también llamadas TNA o Transporte No Asistido, las habituales para trasladar a pacientes a modo de taxi sin ninguna urgencia. Por ejemplo, para traslados de pacientes a Rehabilitación, altas de hospitales o transportes colectivos, dado que como su nombre indica, no llevan personal asistencial, sólo están dotadas de TES, que hace de conductor, por lo que no son aptas para el traslado de pacientes enfermos o graves». Las otras siete ambulancias son de tipo B o Soporte Vital Básico (SVB), que cuentan con dos técnicos en emergencias sanitarias para prestar asistencia. Asimismo, desde CESM-CV subrayan que el total de estas 17 ambulancias, su mantenimiento e incluso el personal «han sido subcontratadas por la conselleria a empresas privadas».
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«No acabamos de entender cómo Sanidad, que tenía como estandarte revertir a lo público la gestión privada, con las consecuencias que tanto pacientes como profesionales han sufrido y sufren cada día en Alzira y Torrevieja, aboga por seguir subcontratando las nuevas ambulancias a empresas privadas, y mandando recientemente a los conductores (TES) dependientes de la conselleria a las listas del paro», lamentan desde el Sindicato Médico de la Comunitat.
El baremo propuesto por la Conselleria de Sanidad para la consolidación de plazas para el personal sanitario, y que prima el conocimiento del valenciano sobre la formación adicional de los profesionales, sigue generando reacciones. En esta ocasión ha sido UGT Serveis Públics del País Valencià, sindicato que ha solicitado al departamento autonómico la convocatoria de una Mesa Sectorial extraordinaria para «reflexionar» sobre su propuesta. La formación recuerda que la proposición de Sanidad ya fue rechazada por la mayoría de sindicatos con representación en la Mesa Sectorial.
«Desde UGT consideramos que esta propuesta puede incumplir los principios de igualdad, mérito y capacidad y perjudicar a un gran número de profesionales que han sufrido durante años la intolerable tasa de temporalidad que existe en los diferentes departamentos de salud y quienes podrían quedar muy lejos de conseguir una de las más de 9.000 plazas convocadas en el ámbito sanitario», señalan.
El sindicato considera que la propuesta no tiene en cuenta la polivalencia de los profesionales sanitarios que han prestado servicios en diferentes categorías «y que, con su esfuerzo, han ido progresando dentro de la promoción consolidada como un derecho fundamental del personal». «Poner limites a la experiencia en otras categorías es un error que penaliza el esfuerzo y la dedicación de los trabajadores de nuestros servicios públicos», subrayan desde la formación.
Además, el sector de Salud de UGT Serveis Públicos considera que este baremo genera inseguridad jurídica. «La jurisprudencia reciente advierte de un alto porcentaje de posibilidades de impugnación y recursos que contribuirían a aumentar las frustraciones entre la plantilla».
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