El TSJCV anula parte del decreto de dependencia del Consell por incumplir la normativa estatal

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha anulado parte del decreto de dependencia del Consell por incumplimiento de la norma estatal y por no reconocer el carácter prioritario de los servicios profesionales en la atención a personas dependientes, tras la demanda presentada por la patronal de las residencias, AERTE.

En concreto, se trata del apartado cuarto del artículo 32 del Decreto 62/2017 del Consell. En ese artículo se recogían los requisitos para poder acogerse a la prestación de cuidados no profesionales. En el mismo se reducían las exigencias y se permitía que fueran personas sin ninguna vinculación familiar las que pudieran encargarse de los cuidados.

Desde el punto de vista de AERTE esto no fomentaba una atención de calidad, era contrario a la normativa estatal, fomentaba la economía sumergida, podía obligar a muchas mujeres a permanecer en casa cuidando de los familiares e iba contra la profesionalización de los servicios.

«Nosotros hemos apostado porque las personas sean atendidas en sus casas si es posible, pero siempre a través de servicios de ayuda a domicilio profesionalizados. Advertimos a la Consellería de que esta era una decisión contraria a derecho y la Justicia ha vuelto a darnos la razón de nuevo, como ya ha pasado varias veces con la exclusión de empresas en determinados concursos públicos» ha declarado en un comunicado José María Toro, Presidente de AERTE.

La patronal venía denunciando que el decreto del Consell abría la puerta a que sea la familia la que se haga cargo del cuidado de la persona dependiente cuando el sector cree que se debería fomentar la profesionalización de los cuidadores y su regulación laboral.

Según los datos que aportan desde la asociación de empresas, de las 53.292 nuevas personas atendidas desde junio de 2015 por el sistema de atención a la dependencia en la Comunidad Valenciana, el 72% ha recibido una ayuda de este tipo, lo que demuestra que no se ha respetado el carácter excepcionalde esta prestación. Además la propia Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha considerado este tipo de ayuda como «low cost» en varias ocasiones ya que no garantiza una atención de calidad a las personas usuarias y el importe de la prestación es muy bajo.

Por ello desde AERTE han pedido a la Conselleria «que pare inmediatamente de resolver de manera general estas prestaciones no profesionales y que convierta las que se han dado, en contra del criterio de excepcionalidad, en servicios prestados por profesionales en el ámbito domiciliario» concluyó el presidente.