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Un pequeño cartel de prohibido el paso y unos pocos bloques de hormigón tumbados junto al camino de El Palmar son las medidas de seguridad para impedir el acceso a la antigua factoría Remag, dedicada al reciclaje de madera y contigua al casco urbano de Sollana. En esta vieja estructura abandonada, carcomida por los años y el fuego (el lugar se incendió dos veces entre junio y diciembre de 2018), se mezclan, justo a su entrada, montones de madera que se salvó del fuego, junto a material carbonizado. Y el lugar todavía huele a quemado. Esa es la bienvenida que ofrece este espacio que linda con campos de arroz del Parque Natural de la Albufera, la línea férrea Valencia-Gandia y un camino rural centenario.
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Pero el recibimiento que ofrecen estas moles de deshechos, de unos cuatro metros de altura y llenas de astillas, viejos listones y otros trozos de madera, no es nada con lo que abarca la vista al adentrarse en esas instalaciones caducas: una gran nave comida por la herrumbre, con un lateral descubierto y medio techo metálico derrumbado, da cobijo a lo que fue una gran tolva que preside una explanada rodeada por montones de suciedad.
Desde lejos da la impresión de ser aquello un vertedero incontrolado, donde el primero que pasa se deshace de la nevera vieja o del desvencijado sofá. Pero al acercarse al lugar se ve que no es así. Allí se acumulan montones y montones y más montones de viejos residuos, desde maderas inservibles a hierros retorcidos, chamuscados unos y oxidados otros, cubos de casi un metro de lado de lo que parece que algún día fue papel de aluminio, tierra achicharrada, láminas quemadas de lo que un día fue fibra de vidrio, todo ello aderezado con pedazos de cristal y otros restos irreconocibles. Y entre montaña y montaña, hierbajos y más hierbajos. Y al fondo, la imagen bucólica de los campos de arroz de tallos verdes y de una profundidad que parece perderse en el horizonte.
Un polvorín situado en la gran reserva biológica de los valencianos, la Albufera. Y sobre ese polvorín la Sindicatura de Greuges ha afeado al Consell y al Ayuntamiento de Sollana su pasividad en aquellos incendios. y el riesgo que suponía apagarlos con un exceso de agua, porque los restos hídricos, sucios, mezclados con productos químicos, podían acabar perfectamente en las acequias de los campos que, al fin y al cabo, se comunican con la laguna.
Aquellos dos incendios del verano y el invierno de 2018 motivaron que la Sindicatura de Greuges abriese una investigación de cuyas conclusiones daba cuenta ayer este periódico. «Es elocuente que ninguna de las dos administraciones llegó a imponer las multas coercitivas a los que se refieren sus resoluciones (a la empresa por no dejar de acumular residuos en el lugar). O que desde mediados de 2016 hasta mediados de 2018 no se informe de las medidas adoptadas para lograr el cumplimiento de las obligaciones de reposición por parte de los titulares de la actividad, lo cual conduce a pensar que no se adoptó medida alguna», afea la Sindicatura a las dos administraciones, a la municipal y a la de Agricultura, Desarrollo Rural Emergencia Climática y Transición Ecológica
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Dos días antes del segundo incendio, en diciembre de 2018, la conselleria de Agricultura comunicó al Ayuntamiento de Sollana que se seguían depositando residuos en esa antigua factoría de reciclaje «sin ningún tipo de control, con peligro y afección para la Albufera».
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