El Síndic «recomienda» a Xàtiva ejecutar el decreto de derribo y retirada de los escombros de la antigua fábrica Chisvert

El Síndic de Greuges ya ha emitido su resolución sobre la queja presentada por un vecino de Xàtiva advirtiendo de la situación en la que se encuentra la antigua fábrica de cerámicas Chisvert, en la carretera de Llocnou d'En Fenollet, debido a la acumulación incontrolada de vertidos en la misma y a la presencia de restos de láminas de fibrocemento.

El defensor del ciudadano en su informe "recomienda" al Ayuntamiento de Xàtiva a "adoptar las medidas precisas para lograr la ejecución efectiva del decreto dictado... de modo que se garantice el adecuado estado de conservación de la edificación".

Se refiere el Síndic al decreto dictado por el Ayuntamiento en julio de 2016 en la que se ordenaba a la mercantil propietaria de la fábrica, que procediera a la demolición de los elementos que quedaban en pie y la retirada de todos los escombros existentes.

En su contestación al primer requerimiento realizado por la institución tras la queja presentada por el vecino, el Consistorio contestó que no pudo ejecutarse este decreto debido a que la empresa se encuentra en proceso concursal en un juzgado de Barcelona que aún no ha sido resuelto.

Sin embargo, el Síndic, entiende que como en la parcela existen vertidos incontrolados como restos de fibrocemento, el Ayuntamiento no puede escudarse en las "vicisitudes que atraviese la titularidad" de la misma, puesto que pueden verse afectados los derechos al medio ambiente y la salubridad pública, así como la seguridad pública.

Además, atendiendo a las alegaciones presentadas por el vecino, instando a que se actuara de oficio de manera subsidiaria, el defensor del pueblo valenciano recuerda varias normativas autonómicas como la ley de residuos de la Comunitat o la ley de ordenación del territorio en materia urbanística relativa a la intervención y expropiación, así como la ley de procedimiento de las administraciones públicas para actuar en este tipo de casos.

En la normativa se establece que ante el incumplimiento injustificado de la orden de ejecución, las administraciones locales tienen la facultad para llevar a cabo la ejecución subsidiaria a costa del obligado.

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Urbanismo, Ignacio Reig, insistía en que no pueden actuar hasta que no se clarifique quién es la propietaria del inmueble. "Claro que nos podemos hacer cargo de la ejecución de demolición y retirada de los escombros, pero también tenemos que velar por el interés municipal que supone hacer un desembolso económico importante sin saber a quién reclamarlo", apunta.

Reig reconoce que "es una situación compleja y grave, pero nosotros tenemos que derivar las responsabilidades a quién las tiene, queremos que lo ejecute y lo pague quien es responsable", subraya, asegurando que el expediente continúa abierto.

Así se lo trasladarán al Síndic, quien da al Ayuntamiento un plazo máximo de un mes para que manifieste su posicionamiento sobre estas recomendaciones, si las acepta y en su caso, las medidas que llevará a cabo para adoptarlas. Si no las acepta, también tendrá que explicar y motivar su postura.

Cabe recordar que este vecino, José Ramón Vázquez, acudió en febrero de este año al Síndic tras no recibir respuesta por parte del Ayuntamiento a la queja planteada dos meses antes ante el vertedero incontrolado en el que se había convertido esta antigua fábrica, casi derruida, además con elementos que requieren un especial tratamiento como uralita y solicitando la intervención. El Síndic admitió a trámite en marzo la queja iniciándose el expediente que acaba de resolver con dicha recomendación.

Por su parte, el Ayuntamiento inició el expediente contra la empresa propietaria en julio de 2016, decretando la orden de ejecución de los trabajos necesarios para la demolición de los elementos en pie dentro de la parcela y la retirada de los escombros existentes.

Tras conocer que la titular del inmueble estaba en situación de concurso por el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Barcelona, remitieron al órgano judicial varias comunicaciones para conocer el estado del expediente. Recibieron respuesta del Juzgado indicando que había prevista una subasta judicial para noviembre de 2018 que parece ser que quedó desierta, puesto que aún consta en el registro la misma empresa como titular de la fábrica.

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