El annus horribilis del director del Centro del Carmen

El gestor cultural se sentó, a principios de 2022, en el banquillo de los acusados por un posible delito de daños leves al patrimonio tras una denuncia de UGT por el grafiti que en febrero de 2019 se pintó sobre las paredes del claustro renacentistas de un edificio del siglo XIII declarado Bien de Interés Cultural (BIC). La obra del dúo PichiAvo, responsables ese año del diseño de la falla municipal, colonizó mil metros cuadrados y suscitó las críticas por haberse realizado en un monumento protegido. Tanto que, después de meses de instrucción, retrasos –Pérez Pont maniobró en la primera sesión del juicio añadiendo tres informes que obligaron a retrasar la vista–, y el análisis de peritos, la jueza consideró culpable al responsable del espacio por un delito de daños contra el Patrimonio y tildó su actuación de «una negligencia inexcusable». La sentencia fue clara: la pintura que se utilizó no era la adecuada. Y no lo era porque al ser impermeable impide que el agua acumulada en los muros por capilaridad salga al exterior, «lo que contribuye al deterioro». «Existe unanimidad por parte de los peritos» en este extremo, decía el documento.

La condena consistió en una multa de mil euros. El condenado, que recibió el apoyo público de entidades artísticas y colectivos culturales, no recurrió el fallo, ni puso su cargo a disposición. Pese a la sentencia inculpatoria, la Conselleria de Cultura tampoco cesó al responsable del Consorcio de Museos demostrando así que no hay líneas rojas en la política cultural del Botánico. Atrás quedan aquellos años en el que el PSPV y Compromís, cuando ejercían la oposición al PP, reclamaban la dimisión de los cargos de la Generalitat implicados en causas judiciales. Esta exigencia no se la aplican cuando PSPV y Compromís están en el poder.

Antes de dirigir el Consorcio de Museos, José Luis Pérez Pont fue el director de la Associació Valenciana de Crítics d’Art (AVCA). En el ejercicio de este cargo se convirtió en el azote de Consuelo Císcar, entonces directora del IVAM. Pérez Pont solicitó la dimisión de la responsable de la pinacoteca en numerosas ocasiones por la «opacidad en la gestión», por la «ley del terror» impuesta en el IVAM y por el «desprestigio» que ella causaba al museo. Solicitó su renuncia años antes de que Císcar fuera imputada, hecho que sucedió en 2016, dos años después de que ella dejara la dirección del IVAM.

Císcar y Pérez Pont no son perfiles comparables, ni tampoco lo son las causas que motivaron que rindieran cuentas ante la justicia. Son, eso sí, dos directores de museos valencianos que en el ejercicio de sus cargos se granjean amigos y enemigos.

El fallo no es una enmienda a toda la gestión Pérez Pont, cuya dirección ha sido objeto de investigación en la Oficina Antifraude y en el Síndic de Greuges. Estas sombras no empañan el éxito popular del Centro del Carmen. Bajo su mandato, el vuelco del espacio artístico es incontestable. El público acude a las exposiciones y actividades de la institución. Ha sabido conectar con la ciudadanía y con los nuevos usos culturales.

A la sentencia condenatoria se suma que el responsable del Centro del Carmen ha sido acusado de «censor» por prohibir la presentación de un libro. Desde la Federació de Dones Progressistes del País Valencià han denunciado que Pérez Pont no les permitió celebrar el acto de la escritora Alicia Miyares, quien acaba de publicar ‘Delirio y misoginia Trans. Del sujeto transgénero al trashumanismo’. Según las fuentes de la entidad consultadas por LAS PROVINCIAS, el 21 de noviembre, representantes de la asociación acudieron a las instalaciones del Centro del Carmen a cerciorarse de cómo era el espacio para celebrar la presentación del libro. «No hubo ningún problema. Y, en ese momento, nos comentaron que debíamos cumplimentar una ficha con algunos detalles del evento, que se iba a celebrar el día 28», cuentan a este diario. Aseguran, que el jueves anterior a la cita, el director del Centro del Carmen se puso en contacto con la Federación anunciándoles que el acto no se iba a celebrar porque el título del libro podía ser «motivo de odio». Cuando ellas acudieron a la Dirección General de Cultura para explicar lo sucedido, encontraron apoyo. Sin embargo, esa misma tarde, el propio Pérez Pont alegó que el espacio iba a ser fumigado y que no se podía celebrar. «Una excusa para no darnos permiso», aseveran desde la asociación. Por ello, denuncian que la cancelación del evento es un «acto contra la libertad de expresión» y critican que el espacio situado en el antiguo convento «acoja otros actos que hacen apología de la prostitución y la cultura de la violación» en referencia a la actividad del Laboratorio de Amores diversos que llevaba por título ‘¿Quién es la puta aquí?’.

En este 2022, Pérez Pont tampoco ha visto cumplido uno de sus objetivos tras acceder al cargo en 2016: la ansiada rehabilitación de la escuela de artes y oficios. En 2017 el director confirmó en la comisión de Cultura de Les Corts que la reforma se iba a llevar a cabo. Sus palabras fueron muy claras: había «una partida presupuestaria prevista para la siguiente fase de rehabilitación del Centro Carmen». «A final de este año o principios de 2018 habrá inicios de obra», dijo Pérez Pont en sede parlamentaria. Ese anhelo, ejercicio tras ejercicio, no ha llegado a cumplirse. Según la Conselleria de Cultura, a finales de 2023 se iniciarán los trabajos de rehabilitación del espacio. Aunque el secretario autonómico de Cultura, Ximo López, dijo la semana pasada en la presentación de la programación del espacio para 2023 que no podía aportar plazos ni concretar las necesidades del plan de rehabilitación porque «pueden aparecer sorpresas» lo que dilataría un proceso al que se pretende destinar más de dos millones de euros.