El juicio de Les Arts arranca con la acusación de que Pablo Broseta sextuplicaba precios

El juicio del caso Palau es el último plato judicial del año. El supuesto saqueo del coliseo de Les Arts, sin embargo, tiene una particularidad: no hay políticos implicados. Toda una singularidad en un caso de presunta corrupción. La principal acusada, la exintendente Helga Schmidt, falleció el pasado mes de octubre. Así, en el banquillo se sentaron Ernesto Moreno, exdirigente del Palau, junto a Joaquín Maldonado, José Antonio Noguera y Pablo Broseta. Los primeros por formar parte de la sociedad Patrocini, creada para externalizar la búsqueda de patrocinios a cambio de una comisión pese a que existía un departamento en la institución. El último, el publicista Broseta por interponer su empresa en la cadena de contratación e inflar los precios. Todo según la acusación que ha construido la Fiscalía. Las penas oscilan entre los siete y ocho años de cárcel para todos los procesados.

El juicio comenzó de manera poco frecuente. La sección Segunda de la Audiencia permite que los procesados declaren en último lugar tras la versión de los testigos. El turno inicial correspondió a Xavier Colinas, el autor del informe incriminatorio, bautizado como Diógenes. Un dosier -en un principio anónimo- con todo el relato de irregularidades que Colinas confeccionó con su experiencia en el coliseo (2005-2010). El testigo se encargó, en sus inicios, fundamentalmente del marketing y los patrocinios. Numerosas empresas querían entonces participar «en el proyecto de moda». Más adelante, según Colinas, se creó un departamento interno propio para efectuar una labor de búsqueda más activa. La externalización fue un proceso abrupto, según subrayó el testigo. «Un día, Schmidt me convocó a una reunión y anunció que se iban a externalizar estos servicios. Era abril de 2008. Estaban también Maldonado y Noguera en aquel encuentro. Luego llegó el despido de Rosa María, su compañera, encargada de esta actividad». La empleada fue despedida después de que trasladara a Schmidt que una de las empresas, Iberdrola, se había quejado de cómo se gestionaba ahora a través de Patrocini.

A Colinas se le preguntó acerca del SAP, una aplicación informática para contratar con los proveedores del Palau donde figuraba la empresa Radcliffe, gestionada por Pablo Broseta. «Mi evaluación acerca de su contratación fue negativa. En mi opinión, no reunía las condiciones. No parecía que hubiera una estructura empresarial detrás», manifestó. Fue en este punto donde añadió otro detalle revelador: «Moreno y Broseta eran amigos».

Pese a su negativa, la empresa resultó finalmente adjudicataria de los servicios. Su valoración no era determinante porque había otros responsables que también elaboraban su dictamen. El primer encargo para la mercantil fue la F-1. «Me fui de vacaciones y Ernesto Moreno decidió que se imprimieran unos folletos para el evento. No le di más importancia. Cuando regresé, recibí una factura por la impresión de estas promociones de la F-1. «Me llamó la atención el importe, que era excesivo. La calidad era baja», resumió.

El testigo se reunió con Helga Schmidt para transmitirle estas incidencias. «Entonces encargué otro presupuesto y el que me dieron era seis veces menor», informó al tribunal. Colinas llamó a la empresa Radcliffe para que le dieran una explicación. Aquel precio lo atribuyeron a la urgencia del encargo. Fue entonces cuando mandaron otra nueva factura, reducida, pero aún cuatro veces superior a la anterior proveedora.

Colinas, siempre según su versión, siguió con su proceso de denuncias internas. Envió una carta a Schmidt donde le relataba todas las incidencias anteriores y sus sospechas acerca de irregularidades. La intendente le contestó. Colinas planteó en la misiva su dimisión si no le respaldaban en el contenido. Al cabo de un año, no obstante, fue despedido por «pérdida de confianza».

El informe incriminatorio fue enviado a responsables como Eusebio Monzó, entonces director general de Economía, a la Intervención de la Generalitat e incluso al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), según relató. A preguntas de las defensas, incluso comunicó que el dosier llegó a las manos del expresidente Alberto Fabra pero este mantuvo su confianza en la intendente y la renovó. Al parecer, sólo la Fiscalía Anticorrupción tomó cartas en el asunto.

Las defensas han tratado de desacreditar la versión del testigo de múltiples formas, aunque el tribunal ha cortado la estrategia de los letrados. Por ejemplo, se aludió a la rebaja de sueldo que se le impuso al denunciante, a sus malas relaciones con otros empleados o supuestas revelaciones que finalmente no se han confirmado.

La operativa del supuesto saqueo se concentró fundamentalmente en Patrocini. Helga figuraba como consejera de la sociedad pese a que tenía incompatibilidad por su puesto. La nueva mercantil generó más de 500.000 euros en comisiones pero, al parecer, sólo ingresaron 42.000 euros, dinero que reclama la fiscalía. Algo similar ocurre con la organización del festival Viva Europa. La firma, dirigida también por Patrocini, recibe más de 300.000 euros sin justificar, según consta en la causa.