La fiscal mantiene las penas de prisión para Císcar y el hijo de Rueda

El informe del ministerio fiscal pivotó entre dos máximas. Por un lado, la omisión de todo el proceso administrativo y, por otro, el pago millonario de unas obras que carecen de valor. Antes de abordar esas cuestiones, no obstante, validó el inicio de la investigación, una de las cuestiones con las que la defensa de Císcar busca la nulidad.

El primer punto del informe fue apuntalar que el IVAM se rige por las normas de la contratación pública. De nuevo, recordó que esa cuestión ya está resuelta en la primera sentencia condenatoria, aceptada por todas las partes.

La fiscal recordó la necesidad de dos informes, sobre la idoneidad y sobre el precio, para las adquisiciones de obras de arte. «Esto es absolutamente necesario para enriquecer los fondos de un museo». El órgano principal era la denominada comisión de adquisiciones. «Ninguno de esos informes se ha emitido», subrayó. «Ni siquiera los conservadores de forma verbal opinaron sobre esto». Es más, la comisión «ni se reunió ni acordó absolutamente nada». Y la Fiscalía fue incluso un paso más allá: «Simularon la celebración de esa reunión».

En 2006, la situación resulta incluso «más grave». La oferta inicial de Rueda desaparece del expediente administrativo. Ahí ya desaparece la cuestión de que sean reproducciones por parte de la fundación. En aquel entonces tampoco se convocó reunión de la comisión, ni hubo idoneidad y valoración de las piezas. El único trámite «esencial», la comisión de adquisiciones, no se celebró tampoco. De igual modo, llamó la atención sobre el baile de cifras en este segundo expediente. Así, en este apartado, no se logra entender cómo la fecha del contrato de compra es anterior a la propuesta de gasto por parte del museo y al informe de Consuelo Císcar. Una devenir totalmente anómalo.

El otro punto capital de la tesis acusatoria es el valor de la piezas de Rueda, reproducciones post mortem. Las obras «no existían», incidió la fiscal. De ahí que llame más la atención la falta de seguimiento, de vigilancia, de una actuación como esta. Y más al comprobar que fue el proceso «más cuantioso de la época de Císcar. Así, de 13 millones que se gastaron en total, cuatro fueron a Rueda».

La Fiscalía trató de aclarar que en este procedimiento no se discuten «los derechos de Rueda para reproducir la obra, sino el valor que tiene cuando el heredero lo hace y al margen de los criterios del artista». El ministerio fiscal recordó cómo los peritos insistieron en que lo «más importante» en este asunto era si Gerardo Rueda dio autorización a su hijo para la reproducción. «No hay ningún documento que autorice esto». «No existe ningún boceto del tamaño de las que compra el IVAM», añadió. El hijo de Rueda hizo, en la práctica, lo que quiso con el legado de su padre. Y eso no tiene mayor problema salvo si se pagan como si fueran del padre. «La capacidad de crear no se transmite», en referencia al valor artístico de una pieza.

La acusación recogió las palabras del experto Vicente Todolí acerca de la necesidad de revisar la idoneidad de la obra y el precio y más si eso va destinado a un museo de titularidad pública. «Hubo intención de beneficiar al hijo de Rueda», concluyó la responsable de la acusación pública.