El juez absuelve a los futbolistas del amaño en el Levante-Zaragoza y condena a dos directivos del club aragonés

El Zaragoza sacó de sus cuentas 1,7 millones de euros por un motivo «opaco e inconfesable». Pero el destino de ese dinero no fueron los integrantes de la plantilla del Levante. Esta es la principal conclusión de la sentencia que absuelve a los 36 futbolistas de ambos conjuntos de un delito de corrupción deportiva. Condena, no obstante, al expresidente del Zaragoza, Agapito Iglesias, y a su director financiero, Javier Porquera por un delito de falsedad en documento mercantil. Les impone un año y tres meses de prisión. La supuesta mejor liga del mundo puede presumir todavía de juego limpio. Los indicios que logró acumular la Fiscalía Anticorrupción no han sido suficientes para construir una sentencia condenatoria.

El magistrado, en una sentencia de 131 folios, desgrana los motivos que le conducen a la absolución de los jugadores. El primero es la denuncia de Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP). Por un lado, resuelve que no violó su secreto profesional al denunciar el caso porque su cliente le encomendó esa tarea siempre que mantuviera su identidad a salvo. No obstante, considera que su testimonio perdió cierta consistencia en el juicio. Tanto el presidente del Villarreal, Fernando Roig, como el del Levante, Quico Catalán, e incluso el del Deportivo, Augusto César Lendoiro, no confirmaron algunas informaciones que según el denunciante estos le habían transmitido durante sus conversaciones. Entre ellas, que las noticias del amaño le habían llegado a través de jugadores como Sergio González y Javi Venta.

El juez prácticamente rechaza o apenas le da importancia al trabajo estadístico que aportó la Liga y donde tras un minucioso informe -se comparan equipos y partidos en idénticas situaciones- se concluye que el resultado es «anómalo». Sin explicación. Recuerda el fallo el escaso valor probatorio de estos documentos así como la naturaleza aleatoria de este deporte. «No siempre gana el mejor equipo, ni el que mejor juega, ni el que más lanza a puerta... Este deporte resulta imprevisible y difícilmente compatible con la estadística».

El juez, por su parte, subraya que tras visionar el partido considera que discurre por los cauces de la normalidad. «Aún siendo posible -el amaño, se refiere- no hay prueba ninguna». De igual modo, respalda su tesis en que tal y como precisó un policía de la UDEF, los organismos internacionales no alertaron de apuestas sospechosas en ese encuentro. Resultaría extraño que conociendo el desenlace final todos los futbolistas y supuestamente familiares ninguno tratara de obtener un rédito económico de «esa información privilegiada».

Así, sólo el informe de la Agencia Tributaria, según el juez, se mantiene como principal prueba de que el partido pudo ser amañado. En este sentido, admite el fallo que las explicaciones que ofrecen los jugadores del Levante sobre su disminución de retiradas en efectivo y cargos en tarjeta resultan «insuficientes» pero existen otros elementos que impiden la condena. Por ejemplo, que la acusación no ha podido probar que el montante total, los 1,7 millones de euros, encaje en la supuesta reducción del consumo o ingresos no justificados. Resulta imposible cuadrar esa cifra millonaria en la actuación de los futbolistas.

Sin embargo, el principal motivo del juez para absolver es que existe una hipótesis alternativa «razonable». Esta no es otra que el dinero que salió del Zaragoza y se camufló a través de diferentes artificios contables no fuera para amañar el partido sino para quedárselo el presidente del Zaragoza, Agapito Iglesias. No es descabellado este relato teniendo en cuenta la crítica situación económica del club, controlado por administradores concursales. Esta sería una forma de distraer el dinero de la vigilancia de los auditores.

Pero, además, a esta tesis alternativa se le suma la débil explicación del plan del amaño. Sostiene el juez que faltan datos de cómo se gestó este plan, quiénes participaron, cómo y cuándo se entregó el dinero, cuánto para cada jugador del Levante -si participaron todos o sólo algunos, los suficientes para conseguir un resultado tal y como se había previsto- y si también intervinieron los deportistas del Zaragoza y sus directivos. Admite el juez que la mayoría de las explicaciones de los futbolistas sobre la reducción de gastos no se sostienen, pero hay otros acusados que sí ofrecen razones para creer su versión.

La condena a los dos directivos del Zaragoza se sustenta en que tanto Iglesias como Porquera acordaron «mendazmente» que las disposiciones en efectivo (765.000 euros) como las transferencias a jugadores que luego debieron devolver (995.000 euros) se camuflaran como pago de primas durante el año y una prima especialísima por la permanencia. El juez no les cree. En primer lugar porque los futbolistas lo niegan. Pero, además, no hay ningún documento por escrito que lo pruebe, las transferencia se hicieron en días consecutivos y nunca antes se había pagado esa temporada primas en efectivo.