Las organizaciones agrarias se suman a las protestas y añaden más presión en la Comunitat

Las nuevas manifestaciones están convocadas por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), ASAJA Alicante, La Unió Llauradora i Ramadera o la Coordinadora Campesina del País Valenciano, entre otras.

Una primera fase de las nuevas movilizaciones agrarias arrancará hoy en la provincia de Alicante. Seguirá en el puerto de Castellón el 15 de febrero y llegará al puerto de Valencia el 22 de febrero. «En función de las reacciones de las distintas administraciones, las entidades agrarias no descartan prolongar este calendario de acciones reivindicativas», advierten.

El sector ha solicitado mantener reuniones para trasladar sus demandas con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y con los tres subdelegados provinciales. Desean entrevistarse con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, con el conseller de Agricultura, José Luis Aguirre, y la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas.

Las organizaciones valencianas alertan de que la crisis de rentabilidad de los agricultores y ganaderos «está acelerando el abandono de campos, que provoca el despoblamiento del medio rural y el encarecimiento de los alimentos a los consumidores».

Las principales reivindicaciones del sector agrario son «reorientar las políticas europeas priorizando la agricultura europea y flexibilizando el Pacto Verde Europeo y reciprocidad en todos los nuevos acuerdos comerciales de la UE con terceros países».

También urgen una «revisión y estudio de impacto de los acuerdos en vigor, una reducción de la burocracia de las políticas agrarias, especialmente a las pequeñas explotaciones, y flexibilización del cuaderno digital de explotación».

De igual modo, demandan «un mayor control fitosanitario de las producciones procedentes de países terceros, medidas de apoyo a la adaptación de los cultivos al cambio climático y evitar la reducción de sustancias activas fitosanitarias mientras no existan alternativas eficaces probadas».

Consideran clave «el cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria, con prohibición expresa de venta a pérdidas», así como un «plan de choque para aliviar la escalada de los costes de producción y política y planificación hidrológica».