La ampliación norte del puerto de Valencia tropieza con el primer recurso

Así, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha dictado un auto por el que suspende cautelarmente la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica del 30 de marzo de 2021 que permitía a la APV decidir sobre si era necesaria o no una nueva declaración de impacto ambiental (DIA), y por tanto seguía vigente la de 2007, al concederle la condición de órgano sustantivo del proyecto. Una resolución que no sólo afectaba a la Autoridad Portuaria de Valencia sino a otra docena de organismos portuarios, entre ellos el de Castellón con el proyecto de la conexión ferroviaria norte, ya que para todos ellos Puertos del Estado solicitaba la misma consideración de órganos sustantivos.

Ahora, el TSJ de Madrid ha aceptado el recurso de la Comissió Ciutat-Port (plataforma integrada por asociaciones vecinales y ecologistas de Valencia), que desde el primer momento consideró que la decisión de Puertos del Estado y del Miteco convertía a la Autoridad Portuaria «en juez y parte» para evaluar el impacto de la ampliación y criticó el «comportamiento abstencionista» de las dos entidades gubernamentales.

De hecho, la Comissió inició el proceso judicial en mayo del año pasado ante la Audiencia Nacional, que lo admitió a trámite en diciembre, pero que finalmente derivó el asunto a la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid, que se ha pronunciado ahora. La decisión de la justicia madrileña se ha dado a conocer el mismo día en que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el proyecto constructivo de la terminal norte

Según la plataforma cívica, el proyecto de la ampliación no puede seguir adelante hasta que haya un pronunciamiento sobre la legalidad de la decisión del Ministerio o hasta que Puertos del Estado determine si es necesaria o no una nueva DIA.

Sobre esto, Puertos del Estado ya emitió un informe favorable sobre el proyecto en abril de 2021 y dictó que no era necesaria una nueva DIA al considerar «que no incurre en ninguno de los supuestos de caducidad de las legislaciones en materia de evaluación ambiental», según el informe que el organismo remitía a la APV.

Fuentes de la Comissió destacan que esta «suspensión judicial priva a la Autoridad Portuaria de la posibilidad de decidir por sí misma acerca de la necesidad o no de evaluación ambiental sobre una ampliación que, de realizarse, pondría en peligro el futuro ambiental y la calidad de vida del área metropolitana y la existencia misma del lago de la Albufera».

«Puertos del Estado deberá ahora requerir el proyecto de ampliación del puerto de Valencia que, supuestamente, fue aprobado en el consejo de administración de la APV el pasado 2 de diciembre, y decidir con una motivación adecuada si las modificaciones constructivas introducidas respecto de la propuesta inicial redactada quince años atrás y que obtuvo declaración de impacto ambiental (DIA) favorable en 2007, deben someterse o no a nueva evaluación ambiental. Justo el escenario que las autoridades de Madrid querían evitar», concluyen fuentes de la Comissió.

«También es muy grave que no se haya hecho nada respecto a las previsiones de mejoras en zonas de costa que estaban establecidas en la anterior DIA. Las medidas recogidas ahora hace 15 años no se han llevado a cabo ni por Costas ni por la Autoridad Portuaria, ni en l'Arbre del Gos, ni en el Saler, ni en Pinedo, ni en otros puntos contemplados en aquella DIA», aseguró el primer edil.

El alcalde Joan Ribó, que votó en contra de la ampliación, anticipó antes de acudir al consejo de administración que el asunto iba a «empastrarse» en los tribunales al igual que ocurrió con la Zona de Actividades Logísticas, con un plan también recurrido en el Tribunal Supremo tras su anulación.

Tras conocer la suspensión cautelar, señaló que esta decisión, «siendo cautelar, da la razón a quienes argumentamos que la Autoridad Portuaria no puede ser juez y parte para evaluar el impacto de la ampliación del Puerto de Valencia. Ya lo advertimos y mantendremos el rechazo a un proyecto que carece de garantías ambientales y jurídicas».