Bruselas penaliza a la naranja española por su bajo precio

El 12 de febrero de 1972 (el pasado sábado hizo medio siglo) publicó LAS PROVINCIAS una noticia de hondo calado para la economía naranjera que hoy nos resulta muy chocante, porque se han invertido bastante los términos; pero aún con el signo cambiado, nuestro sector citrícola sigue en el papel de gran sufridor de las decisiones y dilaciones de Bruselas.

El mismo día que se anunciaba la futura unión económica y monetaria que hoy disfrutamos, tras el obligado preacuerdo entre Alemania y Francia, la Comisión Europea impuso a España, que negociaba su futuro ingreso en la CEE (hoy UE), la pérdida de la preferencia aduanera para las naranjas, lo que significaba volver a pagar un arancel del 20% para vender en los países comunitarios, en vez del 12% preferencial que se había logrado año y medio antes.

El motivo de tal penalización, ¡pásmense todos!, era que las naranjas españolas (valencianas en su inmensa mayoría) se vendían demasiado baratas, lo que facilitaba que fueran más competitivas que las italianas, más caras, que eran las únicas que estaban bajo el palio protector comunitario.

A diferencia de lo que ocurre hoy, cuando el principio de preferencia comunitaria ha caído en desuso y no se aplica, aunque no se haya derogado, entonces era la barrera salvadora para asegurar la rentabilidad de la citricultura de Italia. Los consumidores de toda la CEE tenían que pagar las naranjas, y demás productos hortofrutícolas, por encima de las cotas de referencia (precios mínimos) marcados por Bruselas, y si alguien de fuera no cumplía se le subían aranceles para aumentar sus precios o apartarlo de la escena. Hoy, en cambio, la citricultura española se ve afectada por la competencia barata de países terceros que venden en la UE sin pagar aduanas y sin cumplir los requisitos exigidos a los citricultores españoles. El mundo al revés.