El cava valenciano, entre la asfixia del Gobierno y el abandono del Consell

«Mucha gente en Requena ha invertido en maquinaria, en cisternas y en ampliar sus almacenes por las buenas ventas del cava valenciano, pero, si no les dejan crecer, todo lo que han gastado se va a ir a pérdidas», lamenta José Luis Robredo, responsable de la sectorial del vino de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja).

Desde el referéndum ilegal con el que el Parlamento de Cataluña proclamó la independencia, las ventas de este espumoso producido en la única zona de la Comunitat autorizada, Requena, se dispararon un 20% frente al alza del 3% del de procedencia catalana. Desde entonces, el negocio se ha ido fortaleciendo, generando unas expectativas de crecimiento que ya no se van a poder cumplir tras la entrega por parte del Gobierno Sánchez del poder de regular las nuevas plantaciones a la Denominación de Origen Cava, controlado por el sector catalán. Esto aboca a los valencianos a romper sus previsiones y empezar a preparar ajustes con que responder a créditos solicitados en tiempos de optimismo.

A pesar de que en años anteriores el Ministerio de Agricultura había permitido aumentos mínimos de la superficie de cultivo en las variedades de uva para cava, el sector valenciano había conocido un periodo de bonanza que ahora se ve frustrado. El motivo está en que la D. O. es regida con mayoría más que absoluta por productores catalanes contrarios a cualquier tipo de autorización para la extensión de cultivos como las que han permitido ganar cuota de mercado y producción a los cultivadores y bodegueros valencianos y del municipio extremeño de Almendralejo, la otra excepción en un caldo asociado a bodegas bajo la sombra de la cuatribarrada.

Al ser una denominación de origen que excede a una comunidad autónoma (un caso que sólo se repite con Rioja y Jumilla), el ministerio era quien tenía la última palabra ante el choque de intereses entre los productores de distintas regiones y debía evitar que se impusiera la ley del más fuerte. Con el ministerio se albergaba alguna esperanza de crecer, pero ahora son los competidores catalanes quienes tienen las manos libres.

Éste es el motivo por el que la consejera extremeña de Agricultura, Begoña García, anunció el jueves en el parlamento autonómico que recurrirá el real decreto que ha cambiado el 'statu quo', tras considerar que «no está ajustado a derecho» por decantar la balanza hacia las reivindicaciones de una de las partes y no favorecer el interés general. ¿Va a hacer lo mismo la Generalitat? Pues una semana después de que el Gobierno central tomará la decisión, el Ejecutivo del Botánico no lo sabe. A pregunta de los periodistas tras el pleno del Consell del viernes, la vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra, aseguró que la conselleria está «estudiando las posibilidades», sin querer adelantar acontecimientos, y agregó que cuando adopten una decisión al respecto, la harán pública.

Desde el sector se aprecia que esta actitud resulta poco esperanzadora y no es nueva frente a decisiones del actual Gobierno central. Así como la indignación caracterizó la respuesta de Ximo Puig a la ampliación en 172 hectáreas que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017, la vaga idea de estudiar la presentación de un recurso que intente frenar el último golpe a la industria valenciana del cava sigue la línea de lamento sin reacción que acompañó a la concesión de un crecimiento de 0,1 hectáreas por parte de los socialistas en 2018... y encima llueve sobre mojado en un negocio herido de precio.

Al inicio de septiembre más de 200 tractores y miles de agricultores se manifestaron en Requena para protestar ante la caída del valor de la uva para cava en un 30% en comparación con la campaña pasada. Esto suma unas pérdidas de 7,5 millones de los 28 millones que sufre todo el sector valencianos del vino. Se trata de las variedades macabeo, garnacha tinta y chardonnay, que ocupan una extensión cercana a las 4.000 hectáreas, en torno al 15% de los viñedos del municipio.

Robredo asegura que siempre han defendido condicionar el plantado a la mayor demanda, frente a la D.O. Cava, que quiere vetar esa posibilidad alegando que hundiría el precio. A juicio del responsable agrario valenciano, les han utilizado «como moneda de cambio» política, ya que tampoco la competencia es un fenómeno que pueda ser crucial para las bodegas catalanas, que venden algo menos de 240 millones de botellas frente a los ocho millones de las valencianas, aunque con una acogida cada vez mayor.

La producción en los viñedos para cava ha sufrido uno de los mayores descensos de precio, haciendo que hoy se pague dos tercios menos que en la pasada campaña, generando 7,5 millones en pérdidas. La presión de los grandes fondos que son propietarios de las grandes bodegas se considera el origen de esta situación.

Incremento de la demanda de cava producido en Requena tras la agudización de las tensiones en Cataluña de 2017 que acabaron con el referéndum ilegal y la proclamación de independencia en el Parlamento catalán. El sector lo considera clave para entender las restricciones a la expansión del cultivo que quieren imponer las bodegas de esa comunidad.