El Consell espera el informe para decidir el futuro de 1.200 empleados de las ITV

31 de diciembre de 2022. Esa es la fecha en la que termina de forma oficial la concesión del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunitat Valenciana y a partir de la cual la Conselleria de Economía encabezada por Rafael Climent quiere gestionarlo desde una empresa pública de nueva creación.

Esta prometida reversión, que ya figuraba en el pacto del Botánico II que firmaron PSPV, Compromís y Podemos tras las elecciones autonómicas de 2019, cuenta con una enorme complejidad jurídica para llevarse a cabo y preocupa cómo vaya a materializarse ya no sólo por si se incrementa el coste para la administración sino en especial por cómo afectará a los 1.200 trabajadores de las diferentes plantillas de las empresas concesionarias. Una cuestión que el departamento encabezado por el dirigente de Compromís espera que pueda aclararse con el inminente informe de los expertos que se hará público antes de final de mes.

Desde la Conselleria de Economía explican a este diario que es necesario tener este documento para elaborar «la hoja de ruta» que se tiene que llevar a cabo los próximos meses. El dosier debe abordar esta cuestión pero, según la licitación, también otras como el mínimo número de estaciones que deberán construirse para que el servicio resulte eficiente y rentable y que esté accesible a los municipios de toda la Comunitat o las distintas posibilidades de órgano gestor. Además, tiene que tratar la cuantificación económica de todo el proceso de reversión y cómo será la puesta en servicio del nuevo modelo o si habrá costes añadidos.

Las 26 estaciones que se encuentran en la Comunitat Valenciana están gestionadas por siete firmas diferentes y algunas de ellas tienen un doble convenio, por lo que la variedad de sueldos y categorías entre las mismas es muy diferente. Un punto que complica su paso a la administración pública.

Desde el sindicato CSIF apuntan que éste no es el único problema al que se enfrenta la conselleria ya que las plantillas también sufren una importante inestabilidad debido al pliego de condiciones. Esto ha llevado a que desde hace tres años las empresas privadas no puedan realizar contratos fijos pese a que continúan dando el servicio. Por lo tanto, conforme se jubilan empleados se incrementa mes a mes los contratos temporales, que una vez no pueden prorrogarse al llegar al límite legal obligan a los trabajadores a quedarse desempleados unos meses hasta que la empresa pueda volver a reincorporarlos. Lo que precariza aún más el servicio.

Esta situación podría llevar a que muchos de los que en el momento de la reversión no tengan un contrato, pese a haber trabajado durante años, no puedan pasar a ser empleados de la administración. Además, CSIF destaca que tampoco está claro que categoría asumirán la parte de la plantilla que pueda incorporarse ya que se podría optar por un contrato indefinido no fijo que no reconociera su experiencia en la empresa. También existe el riesgo de que no podrían alcanzar un puesto fijo pese a haber sido indefinidos en la empresa ya que si se convocara su plaza la perderían sin ningún tipo de contraprestación. Ante estas incertidumbres, desde el sindicato apostaron por reunirse con la conselleria pero en el encuentro, al que solo acudieron responsables técnicos, no pudo aclararse nada ya que en este tipo de demandas el componente político es esencial. Por ello, reclaman una nueva reunión con el conseller Climent.

Otro asunto pendiente y que se espera que pueda aclarar el informe es si la reversión implicará un mayor gasto por la administración pública. Un informe de la Sindicatura de Comptes ya aclaró que el servicio no generaba más deuda que si estuviera en manos públicas pero queda saber si será o no más rentable para la Generalitat. Pese a ello, se espera que la factura aumente al incrementarse los costes de personal aunque la reversión también podría llevar a que los precios del servicio vayan a ser menores.