La economía sumergida se ceba con la Comunitat Valenciana

La conocida frase de 'Hacienda somos todos', que la Agencia Tributaria usó en una campaña para concienciar sobre la importancia del pago de impuestos, perdura en el imaginario colectivo español, pero su efecto se reduce al de un mero eslogan. Al menos, es lo que se deduce de las últimas estimaciones realizadas sobre el impacto de la economía sumergida en España, que sigue siendo una asignatura pendiente y que, además, se ceba con la Comunitat Valenciana, al estar entre las cinco primeras autonomías con mayor nivel de fraude fiscal. En concreto, la actividad que se realiza en 'B' alcanza el 24,8% del PIB valenciano, según el estudio 'La competitividad fiscal de las comunidades autónomas: condición necesaria para el desarrollo económico', publicado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) en 2020, que recogió las estimaciones realizadas por Mauleón y Sardá en 2014.

Este informe sitúa a la región valenciana en el quinto puesto con más fraude en España (23%) –mientras la media europea es del 18,5%– y el cuarto con mayor presión fiscal. Este punto, el de la presión fiscal, ha saltado a la actualidad política de esta semana, debido a que el PP de Feijóo ha lanzado una propuesta de reducción de impuestos que ha sido respaldada por la patronal CEOE. En un foro organizado por LAS PROVINCIAS, el presidente de la organización empresarial, Antonio Garamendi, hizo un alegato a favor de «más bases imponibles y menos tipos impositivos» e insistió en que la lucha principal del Gobierno debería ser combatir la economía sumergida en lugar de subir impuestos.

El concepto de economía sumergida evoca, rápidamente, a situaciones como no abonar el IVA de la reparación de una cañería en casa o pagar a los empleados de un bar parte de su sueldo en negro. Pero, tal y como indica el presidente de la asociación de técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, eso es sólo una parte del fenómeno. «Hay que diferenciar la economía de subsistencia, aquella de gente que cobra el paro y realiza otras actividades para llegar a fin de mes, de otros delitos como los que cometen algunas sociedades que no declaran parte de los ingresos. No se trata sólo de ese 'con IVA o sin IVA'», explica el experto fiscal.

Según Gestha, el dinero que el Estado deja de ingresar por culpa de la economía sumergida asciende a 270.000 millones, el 25% del PIB. El fraude fiscal alcanza los 91.600 millones, 60.600 en impuestos evadidos y 31.000 en cuotas defraudadas a la Seguridad Social. Aquí se puede observar el elevado peso que tiene la evasión de impuestos.

El problema histórico de este tipo de estudios es que es difícil recopilar datos sobre economía sumergida por la propia naturaleza de los mismos y el último informe de la AEAT es de 2014, cuando el fraude alcanzaba el 26,5% del PIB valenciano. «Aunque el último estudio tenga años, lo cierto es que habla de tendencias que siguen a día de hoy», especifica Cruzado.

Pero, ¿qué factores determinan una mayor economía sumergida? ¿Por qué la Comunitat está entre las primeras de este triste ranking? La primera respuesta a la que aluden distintos informes coincide: el tejido productivo. El turismo –con especial énfasis en la hostelería, así como las pernoctaciones en casas particulares–, la agricultura y el textil son actividades donde los pagos en negro son más frecuentes y, precisamente, estos sectores tienen un elevado peso en la economía de la Comunitat.

Pero, no sólo eso, el nivel de paro, la corrupción y la competitividad son las otras patas que están detrás del fraude fiscal. «En este sentido, se puede observar la estrecha relación que se da entre una mayor competitividad de la economía y los menores niveles de economía sumergida. Del mismo modo, en las regiones donde existe un nivel de PIB per cápita más elevado, y en aquellas con tasas de desempleo menores, presentan niveles de economía sumergida más bajos», añade el informe elaborado por el IEE, que también destaca que una mayor presión fiscal también favorece la economía sumergida

Esta tesis es respaldada por Míriam Sánchez, asesora fiscal y ex inspectora de tributos del Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT). «De cada cien euros que cobra un autónomo, 45 se van a impuestos. Te queda el 55%. Para muchos es insostenible», afirma. Por su parte, Cruzado destaca que los países de la OCDE más corruptos son los que más economía sumergida padecen. «Sin embargo, no hay esa correlación con la presión fiscal. De hecho, los países con más economía sumergida no tienen una elevada presión fiscal», sostiene el presidente de Gestha, que insiste en que en la clase política valenciana ha lanzado el mensaje de que evadir impuestos sale barato en términos penales. «Eso no ayuda a la concienciación social», sentencia.

La falta de recursos y personal pasa factura a la lucha contra el fraude. Los propios técnicos del Ministerio de Hacienda indicaron, en su momento, que la ley contra el fraude fiscal «no reducirá la economía sumergida porque no incorpora medidas de control para que se asegure su aplicación». Además, critican que la Ley no recoja un aumento de las competencias y responsabilidades de los técnicos de Hacienda, por lo que, según afirman, en la próxima década se seguirán centrando el 75% de las actuaciones de control en el IRPF de particulares y autónomos para descubrirles una deuda media de 980 euros o en el control de contribuyentes en Módulos con una deuda media de 667 euros.

Otro dato relevante que da buena cuenta del estado de la lucha contra el fraude es que las denuncias a la Fiscalía por delitos contra la Hacienda Pública se desplomaron un 82,54% en una década (2009-2019), mientras que el importe de las cuotas defraudadas en los presuntos delitos cayeron un 71,75%. «La falta de medios y la de competencias que necesitan los técnicos de Gestha para investigar a las empresas con una facturación mayor a seis millones de euros son las dos grandes razones de esta bajada», explican.

En el caso de la Comunitat, Míriam Sánchez considera que la falta de personal es aún más acuciante en la Generalitat. «La Generalitat debería optar por ayudas exentas en renta. Además, las rebajas fiscales llegan a cuatro personas sólo. Para colmo, las subvenciones por el Covid se tributan», añade.

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