El precio de las materias primas deja desiertas licitaciones de obra pública y ralentiza la V-21

La organización remitió varias cartas a la conselleria que dirige Mireia Mollà para solicitar que se hiciera una revisión de precios pero no obtuvo respuesta. El temor de los contratistas es, además, que la Generalitat opte por encomendar la obra a la mercantil Tragsa dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y de la que es accionista, por lo que se trata de un medio propio.

No es la única licitación que ha quedado desierta, pues ya el pasado verano la Autoridad Portuaria de Castellón vivió una situación parecida con la obra del puente y la conexión ferroviaria norte al puerto, lo que obligó a tramitar de nuevo la licitación (que tenía un presupuesto base de licitación de 15,12 millones) y revisar el precio de los materiales incluidos. También dos obras del tramo Murcia-Almería se bloquearon aunque finalmente Adif logró reactivarlos tras negociar.

Según detalla el director-gerente de la Cámara de Contratistas, Manuel Miñés, a esta situación se suma la ralentización de otras actuaciones en carreteras, como la ejecución del tercer carril de la V-21 o la variante de Benissa (que no estará concluida a final de año como estaba previsto), o en materia educación, con hasta ocho colegios paralizados además de «multitud de obras menores» en centros escolares.

«Los contratistas no pueden soportar graves pérdidas económicas que suponen los incrementos de precios de materiales, algo que tradicionalmente se solucionaba con la revisión de precios. Por eso muchos toman la decisión de paralizar la obra o rescindir el contrato, pues es más barato asumir la penalización que trabajar con costes muy superiores a los previstos cuando se contrataron las obras», explica Miñés que cifra en más de un 20% el incremento del coste de las obras por el impacto de las materias primas.

Enumera ejemplos como la subida de un 125% de la madera, 55% el acero, 51% el hierro, 42% el asfalto o un 31% el vidrio, según arrojó una encuesta elaborada conjuntamente con la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).

Por ello, tanto la Cámara como otras entidades del sector de la construcción han reclamado al Gobierno que revise los precios de los contratos públicos para garantizar la continuidad de las actuaciones en marcha. De hecho, los ministerios de Transportes y Economía consensuaron un texto normativo para recuperar el sistema de revisión pero sigue sobre la mesa de Hacienda.

En función de la fecha retroactiva que se aplique, la cuantía para restablecer el equilibrio en los contratos de obra pública oscilaría entre los 300 y los 650 millones en el caso de la Administración central.