Industria anuncia un plan de choque específico para transportistas por las quejas de la ITV

Así lo ha trasladado Nuria Montes en un encuentro con representantes de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte (FVET), la Federación Provincial de Asociaciones de Empresarios de Mercancías de Alicante (Fetrama), la Asociación Empresarial Castellonense del Transporte de Mercancías (ACTM) y la Asociación Empresarial de Transporte de Viajeros de Alicante (Asoval), quienes han planteado a la conselleria la necesidad de agilizar las inspecciones, reformular el sistema de citas previas, reducir los tiempos de espera y mejorar la información al usuario, entre otros aspectos.

En una reunión celebrada en la sede de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), la consellera les ha trasladado su «determinación a abordar las necesidades y peticiones del sector en aras a solucionar, tan pronto como sea posible, todo aquello que esté en nuestras manos».

Así, la consellera les ha explicado que se va a aumentar la plantilla de personal de la empresa pública Sitval, «siempre en coordinación con otros departamentos implicados, como Función Pública», o que se va implantar un sistema informático único para todas las estaciones de ITV de la Comunitat que unificará los siete procedimientos existentes en la actualidad.

Asimismo, en el encuentro, ha detallado que Industria va a invertir 700.000 euros para poner en marcha o reforzar estaciones provisionales de servicio de inspección en la provincia de Alicante y que se está elaborando un nuevo contrato para duplicar el número de personas del centro de atención telefónica y mejorar tanto las citas previas como la atención a los usuarios.

Montes también ha explicado a las asociaciones de transportistas que habrá una nueva estación en Torrent, sustituyendo la de Riba-roja, lo que ha suscitado el rechazo de este ayuntamiento. «Llevarse la ITV de Riba-roja va en detrimento de una zona que es eminentemente logística», ha señalado su alcalde, Roberto Raga, quien ha detallado que el consistorio ofreció al anterior Consell parcelas dotacionales para ubicar las nuevas instalaciones.

El primer edil de Riba-roja ha manifestado su descontento tras la firma del protocolo entre Torrent y la Generalitat y ha desmentido que no se hubiera realizado ninguna gestión para garantizar el servicio. «El Ayuntamiento ofreció diversas parcelas dotacionales al Consell del Botánico para poder reubicar las instalaciones en el término de Riba-roja», ha explicado al tiempo. «Respetamos la decisión de reubicarla en Torrent pero no la compartimos», ha añadido Raga.

El pleno del Consistorio fijó el 31 de marzo de 2024 como fecha límite en la que el municipio recuperara los terrenos de 15.989 metros cuadrados del polígono del Oliveral, hasta la fecha utilizadas para la ITV. El acuerdo de cesión de los terrenos fue rubricado entre ambas partes -Ayuntamiento y Sepiva- en mayo de 1988 y en él se establecía una vigencia de 33 años por un bien de propiedad municipal calificado como suelo urbano industrial edificable, según la nomenclatura de la referencia catastral. De esta forma, la Generalitat disponía de un espacio para la revisión de los vehículos y turismos del ámbito de la Comunitat.

Los 33 años previstos en el protocolo bilateral inicial concluyeron el 20 de mayo de 2021, pero el Sepiva solicitó una prórroga para poder seguir utilizando un emplazamiento estratégico en la revisión de los vehículos durante, al menos, tres años más, según la información facilitada por el propio consistorio.

En 2022, la empresa Arkosligt adquirió la parcela al Ayuntamiento tras ponerla a la venta el consistorio. Con objeto de garantizar el servicio, la conselleria cerró hace unas semanas el contrato de alquiler con esta empresa. A través de este acuerdo, la mercantil arrendará durante los próximos tres años los terrenos a Sitval mientras finalizan las obras de Torrent.

El Ayuntamiento argumentó la necesidad de recuperar este terreno, ubicado en pleno polígono y que durante años estuvo cedido a la empresa gestora de la ITV, al constatarse la necesidad de parcelas destinadas a uso industrial o de logística y propuso su nueva ubicación en parcelas dotacionales de entre 10.000 y 27.000 metros cuadrados que el consistorio dispone en la zona y en las cuales estaría permitida la actividad.