El TSJ da un respiro a la Generalitat con las ITV y descarta que tenga que indemnizar a las concesionarias

En concreto, se han descartado los recursos presentados por ITV de Levante, Valenciana de Servicios ITV y Compañía Valenciana de Revisiones por valor de 10,7 millones de euros, 16,1 millones y 11 millones. Este elevado montante era el cálculo que habían realizado las firmas por las modificaciones de precios impuestas por el Consell.

Desde la administración autonómica que comparten los partidos de izquierda se espera que estas tres sentencias marquen el camino al resto de procedimientos judiciales abiertos por otras concesionarias y que, en total, suman un total de 80 millones. Una hipótesis que gana fuerza, pero que no se puede dar por sentada.

Los jueces han rechazado estas tres primeras indemnizaciones sin entrar al fondo de la causa. No ha hecho falta porque se había utilizado un cauce inadecuado para interponer sus recursos (responsabilidad contractual y no el de la responsabilidad extracontractual) y, por tanto, no ha sido necesario profundizar más en este debate.

Pero que no se haya analizado esta cuestión es justo a lo que se aferran las empresas concesionarias. Las mismas remarcan que no pierden la esperanza de que prosperen las otras causas que comenzarán a ver la luz en junio ya que tienen la esperanza de que en estas ocasiones sí se entre al fondo del debate. Además, las firmas confirman que se van a presentar recursos de casación y contractual para las sentencias ya emitidas con el objetivo de agotar la vía judicial. Pese a ello, saben que las posibilidades de obtener una indemnización de estas características son escasas.

La relación entre las firmas que gestionan las ITV y la Generalitat está rota desde hace años. El último Ejecutivo autonómico del PP encabezado por Alberto Fabra ya entró en una batalla judicial por imponer un cambio de precios que fue declarado ilegal. Una vez asumió el poder el Botánico realizaron un movimiento similar que también cortó la justicia con una sentencia que el Tribunal Supremo ratificó este mismo enero y que obligó en el mes de marzo a elevar los precios al recuperarse las tarifas anteriores.

Este conflicto, unido al hecho de que el debate se ha visto salpicado por el caso Erial en el que se investigan posibles irregularidades en la adjudicación de los negocios en la época de Eduardo Zaplana ha llevado al Consell a preparar la reversión del servicio. Una actuación que espera materializar en 2023, cuando termina la concesión.