Una mujer pide la pensión de viudedad y una sentencia se la niega por no estar acreditada la convivencia con el fallecido

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha ratificado la decisión de un Juzgado Social de Gijón y ha denegado la pensión de viudedad a una mujer al considerar que no se encontraba acreditada la constitución formal de la pareja de hecho con el fallecido, según los requisitos exigidos por la normativa vigente.

La demandante alegaba haber convivido con el causante de la prestación desde al menos febrero del año 2000, dato respaldado por su inscripción en el certificado de empadronamiento. Además, ambos compartían una cuenta conjunta en Unicaja, y desde enero de 2014, la mujer figuraba como beneficiaria de la prestación de asistencia sanitaria en la que el fallecido era el titular. El 27 de julio de 2022, el causante otorgó testamento en el que la nombró heredera universal, declarándose soltero.

Pese a estos elementos, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) denegó la prestación el 18 de abril de 2023, argumentando que la relación entre ambos no cumplía con los requisitos estipulados en los artículos 219, 220 y 221 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. En concreto, el artículo 221.2 establece que la pareja de hecho debe estar formalmente constituida al menos dos años antes del fallecimiento mediante inscripción en el registro o documento público acreditativo.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias subraya en su sentencia que la pensión de viudedad no se concede a todas las parejas de hecho con una convivencia prolongada, sino exclusivamente a aquellas que estén debidamente registradas. Aunque la convivencia puede probarse por diversos medios, los magistrados insisten en que la formalización de la pareja de hecho requiere cumplir estrictamente con las exigencias legales. En este sentido, consideran que documentos como la tarjeta sanitaria o el certificado de empadronamiento no son suficientes para cumplir con este requisito.

La Sala Social concluye que la decisión adoptada en instancia se ajusta a la normativa reguladora de la prestación, ya que si bien se ha acreditado la convivencia, no se ha demostrado la constitución formal de la pareja de hecho mediante inscripción registral o documento público, por lo que no se cumplen todas las condiciones necesarias para acceder a la pensión de viudedad.

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